El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a penas de hasta 10 años de prisión a integrantes de una estructura de crimen organizado dedicada al contrabando, almacenamiento y distribución ilegal de armas de fuego de alta potencia.
Según el Ministerio Público, la organización tenía como centro de sus operaciones localidades de los municipios de Licey al Medio, en Santiago, y Moca, en Espaillat, donde mantenía centros de acopio de las armas introducidas al país de contrabando.
Las sentencias fueron impuestas contra Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán.
El tribunal, integrado por las juezas Ingri Liberato Torres, Deyanira Méndez Cepeda y Kimberly Tatis Soto, impuso la pena más alta a Cruz Almonte, quien deberá cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.
Mientras, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez y Félix Francisco Vásquez Peralta fueron condenados a seis años de prisión cada uno, pena que cumplirán en el CCR La Isleta, en el municipio de Moca.
Rosalba María Estrella López recibió una condena de cinco años de prisión suspendida, condicionada al cumplimiento de varias medidas establecidas por el tribunal. De incumplirlas, podría ser enviada a prisión.
- En tanto, Marcos de Jesús Diplán Diplán fue condenado a tres años de prisión suspendida y al pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos del sector público.
Según el Ministerio Público, los condenados incurrieron en asociación de malhechores para traficar, almacenar y distribuir ilegalmente armas de fuego y otros pertrechos, además de obtener recursos económicos provenientes de su comercialización.
Operativo de la Fiscalía
La nota de prensa del Ministerio Público indica que, con autorizaciones judiciales, la Fiscalía de Santiago desplegó una operación interagencial que permitió realizar allanamientos en localidades de Licey al Medio y Moca.
Durante los operativos, las autoridades ocuparon 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock calibre 9 milímetros; tres revólveres, dos escopetas, vehículos, equipos electrónicos y 700,000 pesos en efectivo.
También fueron incautados varios tanques con caletas o doble fondo que, según el Ministerio Público, eran utilizados para transportar las armas de fuego.
El órgano persecutor señaló que la operación fue ejecutada luego de más de un año de vigilancia, rastreo y levantamiento de información sobre las maniobras que presuntamente utilizaba la organización para introducir las armas al territorio dominicano a través de compañías de envío.
De acuerdo con la investigación, los imputados, la mayoría de ellos con vínculos familiares, utilizaban sus propias viviendas y las de sus padres como lugares de almacenamiento.
El Ministerio Público sostiene que las armas eran adquiridas en el mercado estadounidense y enviadas posteriormente a Licey al Medio y Moca, desde donde eran redistribuidas a otras organizaciones criminales.
Durante la investigación, el Ministerio Público contó con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional, entre ellas el equipo SWAT y miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (Deicroi), además de la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Los procesados fueron condenados por violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores, así como disposiciones de los artículos 66, 67, 68, 70, 71 y 73 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El tribunal también impuso multas de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público a favor del Estado dominicano y fijó para el 16 de octubre la lectura íntegra de la sentencia.
Por el mismo caso fue procesado Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quien fue absuelto por el tribunal.
