Mientras los residentes de la comunidad El Coquito, en San Antonio de Guerra, denuncian que las salidas recurrentes de adolescentes del hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) evidencian fallas de vigilancia y generan inquietud entre los vecinos, la institución sostiene que no se trata de fugas en sentido estricto, sino de “salidas no consentidas” de menores que posteriormente son localizados y reintegrados mediante los protocolos de protección establecidos.
La diferencia de criterios ha cobrado relevancia en las últimas semanas, en medio de la atención pública generada por la muerte de una adolescente de 14 años dentro del centro y tras un incidente ocurrido el pasado 2 de junio, cuando más de diez adolescentes abandonaron temporalmente las instalaciones.
Mientras la comunidad interpreta estos hechos como señales de una supervisión insuficiente, Conani insiste en que los hogares de paso no son centros de privación de libertad, sino espacios de acogida destinados a menores cuyos derechos han sido vulnerados.
El ambiente
Vecinos consultados describen un ambiente de preocupación por las constantes salidas de adolescentes, los gritos que aseguran escuchan en ocasiones desde el interior del recinto y la escasa información disponible sobre lo que ocurre dentro del complejo. Algunos afirman haber observado a menores saltar las paredes perimetrales para escapar hacia zonas boscosas cercanas.
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La muerte la pilló vendada
Por su parte, Conani sostiene que el centro alberga adolescentes con perfiles de alta vulnerabilidad, muchos de ellos víctimas de abandono, abuso, explotación o situaciones de calle, y que el trabajo institucional se enfoca en la restitución de derechos y el acompañamiento psicosocial.
La entidad asegura que, tras los recientes incidentes, ha reforzado medidas internas y continúa implementando acciones para descongestionar los hogares de paso y mejorar la atención residencial.
La menor fallecida
La hoy occisa había ingresado al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo y recibía seguimiento especializado debido a condiciones de salud y situaciones de alta vulnerabilidad.
Tras su muerte, la institución suspendió al personal de seguridad y de acompañamiento. Mientras que, la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, dictó 30 días de medida cautelar de internamiento a tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, señaladas como presuntas responsables.
La posición del Ministerio Público
Según el expediente del Ministerio Público, que recoge el relato de una menor que presenció los hechos y que compartía habitación con la víctima y las presuntas responsables, todo ocurrió durante la madrugada mientras dormían en el centro de acogida. En el dormitorio había al menos 30 menores de edad.
