A menos de tres meses para que entre en vigencia el nuevo Código Penal, previsto para aplicarse en agosto de este año, crece la presión para revisar su contenido mientras en el Congreso Nacional persiste el desacuerdo sobre si las modificaciones deben hacerse antes o después de su aplicación.
El debate se reactivó tras las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien consideró “conveniente” revisar la legislación promulgada en agosto de 2025, luego de más de dos décadas de estancamiento en el Congreso.
En el ámbito legislativo, las posiciones no son unánimes. Algunos diputados como Ramón Bueno y Amado Díaz consideran que lo más viable es permitir que la ley entre en vigencia y, posteriormente, introducir las modificaciones necesarias a partir de las recomendaciones que puedan surgir del Poder Ejecutivo y de los sectores involucrados.
En contraste, otros legisladores como Charlie Mariotti y Eugenio Cedeño entienden que el momento adecuado para hacer las correcciones es ahora, aprovechando el período de vacatio legis, un plazo precisamente concebido para identificar y subsanar posibles fallas antes de que la ley comience a aplicarse.
El diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), favorece que la ley entre en vigencia primero y que luego se realicen los ajustes e indicó que este mecanismo ya se ha aplicado en otras legislaciones, como la ley de la DNI, donde el Gobierno se reunió con distintos actores, recopiló sugerencias y luego las remitió al Congreso para su validación.
En ese sentido, considera que, una vez el Código entre en vigor en agosto, se podrían evaluar y aprobar las modificaciones que resulten pertinentes.
Vacatio legis
En una línea distinta, el diputado Eugenio Cedeño, también del PRM, planteó que el período de vacatio legis debe aprovecharse precisamente para hacer ajustes antes de la entrada en vigencia y consideró que “sería un error” esperar a que la ley comience a aplicarse para luego corregirla.
Cedeño cuestionó además el cúmulo de penas aprobado en el Código, señalando que no le resulta adecuado dentro del esquema actual y expresó preocupación por el aumento de sanciones que, a su juicio, carece de espacios para revisión periódica de las condenas, lo que dificulta equilibrar el castigo con la reinserción social.
Por su parte, el diputado Amado Díaz, vocero del PRM en la Cámara Baja, consideró “prematuro” iniciar un proceso de modificación sin que el Código Penal haya sido puesto en ejecución y sostuvo que todas las leyes están sujetas a revisión, pero entiende que el momento actual no es el más adecuado para introducir cambios.
No obstante, reiteró que cualquier pieza legislativa puede ser discutida y revisada, dejando abierta la posibilidad de ajustes en el futuro, aunque no respaldó una revisión inmediata.
Antes de entrar en vigencia
El diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue más crítico y sostuvo que el Código Penal “contiene abusos y excesos” que deben corregirse antes de su entrada en vigencia.
Recordó que votó en contra de la pieza y cuestionó que el Congreso no haya realizado las modificaciones necesarias durante el período de transición o vacatio legis.
Señaló que el año otorgado antes de la aplicación del Código tenía como propósito precisamente permitir esas correcciones y, a su juicio, no se ha cumplido con ese objetivo, lo que podría provocar que la ley entre en vigencia con fallas que afecten el Estado de derecho.
Mariotti también advirtió sobre aspectos específicos que deberían revisarse, como la responsabilidad penal de partidos políticos, iglesias y otras personas jurídicas, además de otros puntos que considera “excesivos” dentro de la normativa.
Con la fecha de entrada en vigor cada vez más cercana, el Congreso enfrenta el reto de definir si impulsa cambios en el corto plazo o permite que la normativa comience a aplicarse antes de introducir ajustes.
