Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que los casos de malversación en los que trabajó el fiscal de ese departamento, Aurelio Valdez Alcántara, no corren peligros porque es «una actuación particular» por parte de ese miembro del Ministerio Público.
«Ningún fiscal lleva un caso particular o aislado, los casos todos se trabajan en grupos o equipos de fiscales o fuerza de tarea», explicó Ortiz al salir de audiencia del proceso que se le sigue al exdirector del Intrant, Hugo Beras.
Corroboró lo que dijo la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, de que no se tolerará por parte de los mismos miembros del órgano persecutor ningún acto reñido con la ley.
Exfuncionario del Senasa fue quien pagó soborno
El exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud, Roberto Canaán, es la persona que el Ministerio Público imputa de pagar 10,000 dólares al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, sometido a la justicia por recibir el soborno.
Así lo confirma la autorización de allanamientos a la morada del miembro del Ministerio Público de la jueza de Instrucción de la Corte de Apelación que se designó para control de la investigación contra el fiscal.
Conforme a la investigación, Valdez Alcántara exigió a Canaán, bajo investigación, una suma inicial de 200,000 dólares suma que redujo a 150,000 dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450.
Solicitan coerción
El Ministerio Público solicitó ayer domingo la imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Aurelio Valdez Alcántara, imputado de gestionar y recibir la suma de 10,000 dólares de una persona que se encontraba bajo investigación.
El arresto del imputado se produjo en flagrante delito el pasado viernes, durante una entrega controlada previamente autorizada por un tribunal, según informaron las autoridades.
