La audiencia preliminar del caso Jet Set continuó este lunes con la presentación de una querella particular por parte de la familia de Johanna Rodríguez, que solicita al tribunal variar la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat López.
Rodríguez falleció junto a su esposo, Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular, durante el colapso del techo de la discoteca ocurrido el 8 de abril del pasado año, que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
Los abogados Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, en representación de Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de la víctima, presentaron la querella durante la audiencia.
En su argumentación, sostienen que los propietarios del establecimiento habrían ordenado intervenciones estructurales sin contar con estudios técnicos, supervisión ni personal adecuado, y que mantuvieron en funcionamiento el local pese al deterioro progresivo de la estructura.
La solicitud plantea que los hechos sean conocidos bajo los artículos 195 y 304 del Código Penal. Actualmente, la acusación del Ministerio Público tipifica el caso como homicidio involuntario.
- En la misma jornada, los querellantes particulares presentaron sus acusaciones ante el tribunal, mientras otros se adhirieron formalmente al expediente del Ministerio Público.
El proceso es conocido por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, quien recesó la audiencia hasta el próximo lunes 27 de abril a las 10:00 de la mañana, luego de escuchar las conclusiones de 80 abogados representantes de las víctimas.
La audiencia comenzó a las 10:00 de la mañana y se extendió hasta las 5:20 de la tarde. Para la próxima jornada está previsto escuchar a unas 15 partes querellantes adicionales.
Desistimiento y continuidad de querellas
Durante la vista, el juez rechazó una solicitud de reproducción de declaraciones de testigos, al considerar que la audiencia preliminar no es el escenario procesal para la realización de interrogatorios y contrainterrogatorios. En ese sentido, advirtió a las partes que se abstengan de utilizar ese tipo de recursos en esta fase.
En paralelo, los abogados Norberto Rondón y Richard Pujols informaron al tribunal el desistimiento de seis querellas interpuestas por familiares de víctimas.
Rondón, junto al abogado Ángel Lockward —quien no estuvo presente en la audiencia—, retiró cinco querellas en representación de clientes que, según indicó, “ya no tienen interés” en continuar el proceso. Entre estos casos figuran Agustina Mercedes Azcona de Gómez, en representación de Natalia Miledys Guerrero Azcona; Braian Saldaña Germán, por la muerte de su esposa Ruth Saldaña Seija Jerez; Lucía Baldera Suero, en nombre de Joselyn Rosado Baldera; Juan Primero López Gonel, por el fallecimiento de su hermano César Augusto López Gonel; y Héctor Eduardo Brito Peña, quien actuaba en su propio nombre.
Por su parte, el abogado Richard Pujols retiró la querella presentada por Marlin Báez en representación de su hijo, identificado solo como J.J. M.G.
Los abogados confirmaron que continúan representando a otros querellantes que mantienen sus acusaciones, las cuales siguen incorporadas al proceso junto a la acusación del Ministerio Público. Entre los casos que permanecen activos se encuentra el de Diana Luz Pérez Polanco, entre otros afectados por el colapso ocurrido durante un concierto del merenguero Rubby Pérez.
La audiencia preliminar es la etapa en la que el juez evalúa si existen pruebas suficientes para enviar el caso a juicio de fondo. Su finalidad es determinar la existencia de causa probable y depurar los elementos probatorios que serán conocidos en un eventual juicio oral.
Concluida esta fase, el tribunal deberá decidir si dicta auto de apertura a juicio o un auto de no ha lugar.
