La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propuso una iniciativa para modernizar la ley del sector, con la cual busca reducir la preocupación ciudadana sobre el tema ambiental a través de una estructura legal y financiera que asegure la remediación y el cierre responsable de los proyectos, antes de iniciar sus operaciones.
La propuesta para la modernización de la Ley Minera busca ser vehículo para no solo medir el impacto ambiental, sino también para asegurar un plan de remediación antes del inicio de cualquier actividad, es decir, saber cómo terminará el proyecto antes de que empiece, según explicó Martin Valerio, director ejecutivo de la Camipe.
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El gremio dijo a través de un comunicado que la visión del sector sobre la normativa contempla incluir en el marco regulatorio garantías financieras para los planes de cierre, constituidas mediante mecanismo público de asignación y seguimiento desde el inicio de las operaciones, donde las fluctuaciones del mercado o de la misma empresa extractiva no podrán afectar el acceso a estos fondos.
“Estos recursos no dependerán de la voluntad de las compañías, más bien serán canalizados a través de mecanismos públicos de asignación y seguimiento bajo estrictas reglas de gobernanza, auditoría independiente y publicación periódica de información”, planteó Valerio.
Transparencia y gobernanza en el sector
El sector minero considera que la única manera de construir confianza ciudadana duradera es mediante la rendición de cuentas y un sistema robusto de gobernanza que integre garantías financieras y monitoreo tecnológico.
Finalmente, Camipe planteó que la modernización de la ley debe ser resultado de un proceso técnico, participativo y equilibrado entre el Estado, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil.
La propuesta no solicita una reducción en las regulaciones, sino un marco normativo más claro, más exigente y transparente, pero, sobre todo, más ejecutable.
La modernización de la ley minera se presenta como la herramienta para alcanzar las metas de desarrollo nacional, alineando la transformación de la gestión y trazabilidad del uso de los recursos nacionales con el bienestar colectivo.
