El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó este martes que la investigación desarrollada en el marco de la Operación Onco14 abarca el manejo de aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Camacho explicó que esa es la cantidad de recursos cuya administración y destino son objeto de investigación.
“El Oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud aproximadamente 3,700 millones de pesos, que es lo que está investigando el Ministerio Público”, declaró el funcionario al ser consultado sobre el monto involucrado en el proceso.
Camacho sostuvo además que el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.
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“Eso que ha depositado el Ministerio Público es real, sobre todo con la amplia cantidad de pruebas que ha depositado el Ministerio Público a fin de que el tribunal acoja las solicitudes de prisión que hemos solicitado y que imponga prisión preventiva por 18 meses”, expresó.
Camacho habló del presunto desfalco investigado en el Oncológico luego de que el tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los imputados.
Aplazan medida
La audiencia fue reprogramada para el próximo viernes 19 de junio a partir de las 5:00 de la tarde.
El Ministerio Público solicita que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y exvicepresidenta del patronato. También, que el caso sea declarado complejo.
Según el expediente, los imputados habrían participado en una estructura que sustrajo fondos destinados a la atención de pacientes con cáncer afiliados al régimen subsidiado del Senasa mediante diversos mecanismos fraudulentos.
La investigación incluye presuntas irregularidades como fraude clínico y farmacéutico, doble facturación al Senasa, entrega incompleta de medicamentos, venta de fármacos donados, contrabando con exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, reembolsos fraudulentos, sabotaje digital y lavado de activos.
El Ministerio Público les atribuye cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, entre otras infracciones penales.
