El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo hoy esperar “sentencias ejemplares y no simbólicas” en el caso de corrupción que vincula a oficiales de altos rangos militares y policiales, acusados de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
A los imputados se les atribuye sustraer más de RD$4,500 millones a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur), y el Consejo de la Niñez y la Infancia (Conani) durante el período 2012-2020.
Camacho sostuvo, además, que está plenamente justificado el decomiso de casi RD$8 millones en efectivo incautados al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, medida solicitada por el Ministerio Público ante el tribunal.
Sin embargo, la defensa del oficial pidió al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar dicha solicitud, alegando que el dinero tiene origen lícito, ya que proviene de un préstamo otorgado por el Banco de Reservas.
Girón, quien ha fungido como delator en el caso, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual no reclama otros bienes incautados.
En sus conclusiones, el órgano acusador solicitó para Girón, en febrero pasado, una pena de cinco años de prisión suspendida y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.
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El expediente tiene como principales acusados al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a Juan Carlos Torres Robiou, exjefes del Cusep y del Cestur, respectivamente. También están implicados el coronel Rafael Núñez de Aza y el general Rafael Camilo de los Santos Viola.
Para estos imputados principales, el Ministerio Público solicita 20 años de prisión, multas de 400 salarios mínimos y el decomiso de sus bienes.
Otros acusados deben respetar acuerdo
En cuanto al acuerdo con Girón, Camacho explicó que fue presentado de forma oral durante la audiencia de este jueves, conforme al carácter oral del proceso penal y que no ameriba hacerlo por escrito, pero que ya fue puesto a disposición del tribunal.
Asimismo, enfatizó que los términos de dicho acuerdo deben ser respetados por las defensas de los demás acusados.
Aunque el Ministerio Público sostiene que la negociación incluye el decomiso de los 7.8 millones de pesos incautado, el abogado defensor, Rubén Martínez, insiste en que no procede.
“Confiamos en que el tribunal validará el decomiso de esos fondos. Esperamos que este caso concluya con sanciones verdaderamente ejemplares y no simbólicas”, concluyó Camacho.
