Bioanalistas protestaron este lunes frente al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en Santiago, para exigir a las autoridades el nombramiento y la reclasificación de profesionales que, según denunciaron, llevan varios años desempeñando funciones en los laboratorios sin recibir el reconocimiento laboral que les corresponde.
Durante la manifestación, la presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas (Codobio), Rita Solís, explicó que acudieron al centro de salud para respaldar a cinco profesionales que tienen más de cinco años trabajando en el hospital y que, pese a contar con la formación y los requisitos para ejercer como bioanalistas, permanecen contratadas bajo otras condiciones laborales.
Reclamos laborales
La gremialista cuestionó que recientemente fueran enviados al hospital siete nuevos nombramientos de bioanalistas, mientras las profesionales que ya laboran en el centro no han sido tomadas en cuenta para un cambio de designación.
«Tenemos más de 35 profesionales en esa condición a nivel nacional, de las cuales cinco son del hospital Cabral y Báez», señaló.
Indicó que algunas reciben sus pagos a través de nóminas internas de los hospitales y devengan salarios que oscilan entre 8,000 y 10,000 pesos.
Advirtió que esta situación también afecta los derechos laborales de las profesionales, debido a que los años trabajados sin un nombramiento formal no siempre son reconocidos para fines de pensión.
Llamado a las autoridades
La presidenta de Codobio hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que atienda las demandas del sector.
Recordó que los bioanalistas desempeñan un papel fundamental en el sistema sanitario, debido a que los resultados de laboratorio son necesarios para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.
Condiciones y pensiones
Las manifestantes también reclamaron que se reconozca el tiempo de servicio de las profesionales, se regularicen los nombramientos y se mejoren las condiciones de las bioanalistas pensionadas, algunas de las cuales reciben, alegadamente, pensiones de alrededor de 10,000 pesos.
Una de las profesionales afectadas, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, explicó que lleva cinco años trabajando en el hospital y que, aunque cuenta con un contrato, ha sometido en varias ocasiones la documentación para lograr la reclasificación, sin obtener una respuesta favorable.
Las manifestantes pidieron al presidente Abinader escuchar las demandas del sector y atender los reclamos relacionados con las pensiones y el reconocimiento laboral.
