La audiencia preliminar seguida contra los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo se acerca a su desenlace, en medio de la etapa de réplicas que este viernes presentan las defensas ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El órgano persecutor atribuye a los imputados la articulación de una red de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas al Estado por más de 19 mil millones de pesos, a través de pagos irregulares vinculados a expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Tras escuchar ambas partes, la jueza Altagracia Ramírez deberá decidir si envía o no a juicio de fondo a los imputados, en medio de una ruta diferencia entre las defensas que han solicitado al tribunal dictar auto de no ha lugar en favor de sus representados, y otros han optado por que el proceso avance a juicio de fondo, donde entienden podrán demostrar la inocencia de sus clientes.
Este es el caso del abogado Miguel Valerio, quien expuso una línea de “defensa positiva” en representación de la empresa Intercaribe, vinculada al expediente.
El jurista admitió la veracidad de determinados elementos contenidos en la acusación, pero rechazó de manera categórica cualquier imputación penal contra su cliente.
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Defensa de Donald Guerrero asegura que el Ministerio Público no ha podido sostener la acusación
En tal sentido, precisó que la empresa reconoció como ciertos algunos aspectos del relato acusatorio, entre ellos su transferencia en 2020 al señor Alá Alí, aunque sostuvo que dicha operación fue antedatada con la finalidad de aparentar que se había concretado en 2016.
Presentan argumentos y rechazan imputaciones
De acuerdo con el Ministerio Público, Ángel Donald Guerrero y Daniel Guerrero habrían intervenido en la gestión documental, la suscripción de actas societarias y diversas diligencias bancarias relacionadas con la compañía. No obstante, la defensa afirmó que su representado desconocía tales actuaciones y no participó en la suscripción de los documentos correspondientes al período 2016-2020.
En otra vertiente, la defensa de Princesa Alexandra García, encabezada por el abogado José Martínez Hoepelman, rebatió de manera categórica las imputaciones formuladas por el órgano persecutor, al sostener que carecen de sustento probatorio.
El jurista argumentó que no existe evidencia que establezca vínculo alguno entre su representada y las irregularidades descritas, asegurando que su actuación se desarrolló dentro de los márgenes de la legalidad
