La madrugada del 25 de junio de 2023, una mujer salió de un centro de diversión en la provincia Hato Mayor pensando que regresaría segura a su casa. Había compartido con conocidos y aceptó que un hombre que se encontraba en el lugar la llevara de regreso.
Sin embargo, según el Ministerio Público, el trayecto se convirtió en una pesadilla que hoy vuelve a colocar a la víctima frente al sistema judicial.
El Ministerio Público de la citada provincia anunció este lunes que apelará la condena de 10 años de prisión impuesta contra Yirber Antonio Sánchez de la Cruz, hallado culpable de violar sexualmente a la mujer y agredirla físicamente.
De acuerdo con una nota de prensa del órgano acusador, los fiscales Wilson Santana y Daniel Robles Nivar habían solicitado una pena de 20 años de prisión, al considerar la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrió la agresión.
¿Qué ocurrió?
De acuerdo con la acusación, Sánchez de la Cruz aprovechó que la víctima había ingerido alcohol y no se encontraba en plenitud de facultades para desviarse hacia un hotel, en lugar de llevarla a su residencia.
El expediente señala que, ya dentro del lugar, la mujer intentó resistirse, pero el agresor la habría golpeado, halado por el cabello y amenazado con un arma de fuego hasta someterla sexualmente.
Tras la agresión, el hombre presuntamente intentó borrar cualquier posibilidad de denuncia. Según el Ministerio Público, obligó a la víctima a grabar un video en el que expresaba que todo había ocurrido de manera voluntaria y además la amenazó con hacerla quedar como una mentirosa si acudía ante las autoridades.
- Pese al miedo y las amenazas, la mujer denunció el caso.
El órgano acusador sostiene que las investigaciones y evaluaciones realizadas por especialistas permitieron confirmar la veracidad de los hechos.
El caso fue conocido por los jueces Francisco Arias Sánchez, Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, del Tribunal Colegiado de Hato Mayor, quienes condenaron al imputado a 10 años de prisión por violar los artículos 331 y 309-1 del Código Penal Dominicano, relacionados con violación sexual y agresión física.
Ahora, el Ministerio Público busca que la condena sea aumentada, alegando que la pena impuesta no corresponde con la magnitud de la violencia sufrida por la víctima.
