El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, cuestionó este miércoles el uso del llamado «29» como respuesta a la delincuencia y reclamó al Senado convocar a los responsables del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional para que expliquen las muertes ocurridas en supuestos intercambios de disparos.
Durante un turno en la sesión de este miércoles, el legislador expresó: «Si la delincuencia se resuelve con el ‘29’, cerremos los tribunales, ampliemos los cementerios y olvidémonos de la reforma policial«.
- Con esta declaración, rechazó que se normalicen actuaciones que sustituyan los procesos judiciales.
Taveras citó informaciones publicadas por Diario Libre sobre siete personas fallecidas en apenas 72 horas, que se sumarían a las 104 registradas entre septiembre y octubre.
«Detrás de cada cifra hay un ciudadano dominicano cuya muerte alguien tiene que explicar. Y es todavía más grave que nadie responda», manifestó.
El senador cuestionó que no se haya atendido su solicitud de invitar a las autoridades al Senado para que presenten su versión de los hechos. También reclamó que se muestren las grabaciones disponibles de las cámaras de vigilancia para esclarecer las circunstancias de estas muertes.
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Solicitud de comparecencia
Consideró que la transparencia contribuiría a fortalecer la confianza en una Policía capaz de proteger a la población sin excesos.
El pasado 15 de octubre, Taveras presentó una resolución para convocar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, a comparecer ante el pleno del Senado y explicar las muertes ocasionadas por agentes policiales, así como los procedimientos institucionales aplicados en esos casos.
Respuesta del Senado
Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rafael Barón Duluc, explicó que el órgano no ha podido conocer la iniciativa debido a la cantidad de proyectos que tiene pendientes.
En respuesta a la solicitud, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, remitió la resolución a la Comisión de Justicia con un plazo ordinario de 30 días para su estudio, contado a partir de este miércoles y no desde la fecha en que fue depositada, el pasado 15 de octubre.
