Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, arrestado por su presunta vinculación con la planificación de un atentado contra el presidente Luis Abinader, podría enfrentar de uno a dos años de prisión por amenazas de muerte, según lo establecido en el artículo 154 del nuevo Código Penal dominicano.
El Ministerio Público acusa al detenido de terrorismo y pidió ayer tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Las informaciones divulgadas por el órgano persecutor apuntan a una investigación relacionada con presuntas amenazas contra la vida del mandatario y la posible planificación de un atentado.
El artículo 154 establece sanciones para quienes anuncien, mediante palabras, escritos, imágenes, gestos o cualquier otro medio, su intención de causar daño a una persona, siempre que existan circunstancias que hagan verosímil la materialización de la amenaza. Además de prisión, el procesado podría enfrentar multas de tres a seis salarios mínimos del sector público.
Otras posibles calificaciones penales
Aunque las amenazas constituyen una de las posibles figuras penales que podrían examinarse, la investigación también podría derivar en cargos de mayor gravedad si se comprueba la existencia de actos materiales dirigidos a ejecutar un atentado contra el presidente.
Conforme al artículo 92 del Código Penal, el homicidio agravado contra el presidente de la República contempla penas de 30 a 40 años de prisión. Por su parte, el artículo 14 dispone que la tentativa de una infracción muy grave puede castigarse como delito consumado.
Este sería la calificación más extrema que podría ser jurídicamente aplicable, pero sería necesario demostrar no solo la intención de causar la muerte del mandatario, sino también un principio de ejecución y que el resultado no se produjo por causas ajenas a la voluntad del autor.
Asimismo, el artículo 380 contempla penas de 20 a 30 años de prisión por atentados que, mediante actos de violencia, pongan en peligro el carácter civil, republicano, democrático y representativo del Estado dominicano.
El Ministerio Público también podría evaluar posibles infracciones relacionadas con armas, explosivos o materiales peligrosos. Sin embargo, la investigación deberá distinguir entre amenazas, actos preparatorios, acuerdos para cometer un atentado y actos de ejecución, debido a que cada conducta responde a requisitos jurídicos diferentes.
El arresto
De acuerdo con la documentación judicial, el presunto atentado habría sido planificado para el 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución. Los organismos de inteligencia habían alertado sobre las supuestas intenciones del investigado.
De la Cruz Sosa fue arrestado el martes 3 de noviembre durante un allanamiento a su residencia, ubicada en la calle Joaquín Balaguer, sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Las autoridades también intervinieron la Ferretería Molina, establecimiento donde, hasta su detención, laboraba. Se desconoce si fue desvinculado.
Durante los operativos, el Ministerio Público ocupó equipos electrónicos y sustancias químicas que serán sometidos a evaluaciones para determinar su relación con los hechos investigados. Los allanamientos fueron autorizados por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, a solicitud de fiscales de esa jurisdicción.
En la autorización judicial para ejecutar los allanamientos, el tribunal de Atención Permanente hace referencia a una investigación sobre la presunta planificación de un «atentado terrorista» contra el mandatario.
El caso se encuentra ahora a la espera de que el tribunal fije la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.
