El Ministerio Público presentó ayer formal acusación y solicitó apertura a juicio contra la presunta red integrada por 14 personas físicas y jurídicas, la mayoría militares, imputadas de recibir y pagar más de RD$108 millones en sobornos para asegurar contratos de seguridad privada en las EDE, el Senasa e Inaipi.
Por el caso son señalados el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), y el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur.
También el coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad de Inaipi y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
Asimismo, el coronel de la Fuerza Aérea Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte el civil Bolívar Nicolás Fernández, exencargado de esa misma distribuidora; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y el coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
El expediente, igualmente, incluye al coronel del Ejército Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y al de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Empresario mantuvo por años jugosos contratos de seguridad en las EDE y Senasa con pago de sobornos
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Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El Ministerio Público depositó el expediente ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, a la que solicitó, además, fijar la fecha para conocer la audiencia preliminar.
- El expediente detalla que los sobornos identificados ascienden a la suma de RD$108,080,359.92, los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
La denuncia la hizo Ética e Integridad Gubernamental
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició la investigación a la red a raíz de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Se mantuvo por más de diez años a base de coimas
Según el Ministerio Público, las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, pagó sobornos (coimas) a funcionarios de las citadas instituciones públicas.
En un principio de la investigación, el caso se denominó como Operación Lobo, puesta en marcha en el mes de julio del pasado año 2025.
El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
