Los abogados de varios de los imputados en la Operación XL-526 contra una presunta estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos, solicitaron al tribunal dejar sin efecto la medida de coerción requerida por el Ministerio Público, al alegar que durante el proceso de arresto de los acusados se produjeron violaciones a sus derechos fundamentales.
El planteamiento fue presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, donde la jueza Yiberty Polanco decidió aplazar nuevamente el conocimiento de la solicitud de coerción hasta el lunes 15 de junio.
Miguel Díaz, abogado de uno de los procesados, explicó que la defensa sometió un pedimento de carácter constitucional en el que denuncia presuntas irregularidades cometidas contra varios de los imputados.
Según el jurista, entre las violaciones alegadas figuran la forma en que fueron practicados los arrestos, el tiempo que permanecieron incomunicados y el supuesto retraso en ser presentados ante un juez.
“Nosotros estamos pidiendo que se anule esta medida de coerción por todas las violaciones de derechos fundamentales que se han enumerado”, expresó.
Incomunicación
Díaz sostuvo que algunos de los detenidos permanecieron recluidos en la Fortaleza Fernando Valerio sin comunicación con familiares o abogados.
Según dijo, su primer contacto con su representante legal se produjo varios días después de las detenciones.
A las críticas contra el proceso se sumó el jurista Elvin Domínguez, representante legal de cinco de los 10 imputados, quien dijo que respaldará el incidente de carácter constitucional por alegadas vulneraciones a garantías básicas de los arrestados.
El abogado señaló que a los imputados se le habría impedido el acceso inmediato a asistencia legal, pese a que este constituye un derecho irrenunciable desde el momento de la detención.
Asimismo, afirmó que se les restringió la comunicación con sus familiares y el derecho a realizar llamadas telefónicas.
El jurista también cuestionó los traslados de los detenidos a la Fortaleza Fernando Valerio y al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, asegurando que los abogados no pudieron reunirse con sus clientes hasta aproximadamente 72 horas después de ejecutadas las órdenes de arresto.
Según sostuvo, estas actuaciones constituyen una violación de derechos fundamentales.
La defensa también argumentó que necesitaba más tiempo para analizar las pruebas contenidas en el expediente, compuesto por más de mil páginas, así como evidencias audiovisuales, documentales y testimoniales aportadas al proceso.
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva contra los 10 imputados, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a extorsionar a residentes en Estados Unidos mediante amenazas.
Además, enfrentan cargos relacionados con delitos electrónicos y lavado de activos.
La jueza fijó para el próximo lunes la continuación de la audiencia, en la que primero conocerá los incidentes y recursos planteados por las defensas, incluyendo el alegato de violación de derechos fundamentales, antes de decidir sobre la solicitud de medida de coerción.
