Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a otro hombre vinculado a una estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos y que fue desmantelada con la Operación XL526.
El caso fue declarado complejo y se impuso la prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, quien enfrenta cargos por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología, actividad que le permitió generar recursos que luego colocaba en el sistema financiero.
Además, según los fiscales, adquirió bienes suntuosos, viviendas, vehículos y prendas de alto valor en el mercado, los cuales no puede justificar.
Según una comunicación de prensa del Ministerio Público, para ocultar el origen ilícito del dinero, Peña Cabrera inició un proceso de colocación mediante transferencias bancarias y transporte de efectivo para estratificarlos y convertirlos en bienes y derechos adquiridos.
Al menos 18 víctimas y decían ser del cartel de Sinaloa
Hasta el momento se han sido identificado al menos 18 víctimas. Los procesados por el caso sonCarla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
También a Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, todos cumplen distintas medidas de coerción.
Bitcoin, transferencias espejo y remesas: así movía el dinero la red desmantelada en Santiago
Imponen un año de prisión preventiva a acusados de extorsionar a personas en EE. UU.
La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso la medida de coerción.
La organización, que tenía como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago, recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
El órgano acusador afirma que distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
