La Segunda Sala de la Corte de Apelación del distrito judicial de Santiago ratificó este lunes las medidas de coerción impuestas contra tres empleadas del centro educativo Leonardo Da Vinci, imputadas en el caso de la muerte de la niña haitiana Stephora Joseph durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece una garantía económica de 500,000 pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público apelara la resolución con el objetivo de que se incrementara la garantía económica hasta 50 millones de pesos.
Sin embargo, la Corte consideró que la medida original está fundamentada en derecho y que no existe riesgo de fuga por parte de las imputadas.
En la resolución de primera instancia también se dispuso la libertad de Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general del centro educativo.
La abogada María del Pilar Zuleta, representante legal de González Estrella, valoró como satisfactoria la decisión de la Corte de Apelación de Santiago de ratificar que no se le imponga medida de coerción a su defendida en el proceso relacionado con la muerte de la niña.
La jurista explicó que el tribunal confirmó la decisión adoptada en primera instancia, al considerar que su clienta no tiene vinculación material con los hechos investigados.
Indicó que su defendida ya no forma parte de la directiva del Colegio Da Vinci, no estuvo presente en el lugar donde ocurrió el hecho y tampoco tuvo manejo de videos ni contacto directo con la situación.
“Como defensa de la señora Gisela González, nos sentimos muy satisfechos con la decisión que ha tomado la Corte hoy”, expresó Zuleta.
La apelación fue conocida por la Segunda Sala de la Corte de Apelación, integrada por la jueza presidenta Erminia Rodríguez y los magistrados Víctor Ureña y Clara Vargas.
En cambio, los abogados de la familia de la estudiante fallecida cuestionaron el trabajo investigativo realizado por el Ministerio Público.
Detalles del caso
Sostienen que en el dispositivo faltan los verdaderos propietarios del colegio.
La muerte de la niña se produjo el pasado 14 de noviembre de 2025 en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, adonde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Instituto Leonardo Da Vinci.
Según la acusación, desde el centro educativo movilizaron a 87 niños con solo tres cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad ni la profundidad de las piscinas del lugar, sin llevar salvavidas ni preguntar a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.
Las autoridades agregan también que en un video se establece que hubo negligencia extrema por parte de las cuidadoras, que tenían la obligación de velar por Stephora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.
