El Ministerio Público aseguró este miércoles que cuenta con “elementos sólidos” para lograr una condena contra los diez imputados en el presunto fraude de más de RD$200 millones en perjuicio del banco BHD y pese a que la investigación por parte de ese órgano apenas comienza.
Tras concluir la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los vinculados en la red, la procuradora de corte, Lewina Tavárez, informó que el expediente de los primeros seis detenidos fue fusionado con el de otros tres implicados arrestados posteriormente.
Asimismo, explicó que la audiencia fue aplazada para el viernes, con el objetivo de incorporar al proceso al señalado cabecilla de la supuesta estructura, quien fue arrestado el pasado lunes.
Tavárez, quien es también directora Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabeza las indagatorias y confirmó lo que había comunicado el banco de que esa institución afectada realizó, inicialmente, una investigación interna de las presuntas acreditaciones irregulares.
La entidad financiera aclaró ayer que los depósitos de los clientes están intactos.
Los señalados en la investigación
El banco y el Ministerio Pública imputan a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quien era empleado del BHD, de realizar acreditaciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales. Cepeda Núñez es señalado de liderar al grupo que fue sometido a la justicia y se ejecutó su arresto el lunes.
Los otros detenidos son Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Franklin Amarante Martínez, un abogado de uno de los apresados, el cual no identificó, sostuvo que su cliente tiene todos los arraigos que necesita el juez para no acoger la solicitud de los fiscales, de que se le envíe a prisión preventiva.
Sostuvo que es una persona que nunca ha tenido ningún inconveniente con la justicia, por lo que no tiene antecedentes penales y es una persona de trabajo.
“Nuestro cliente es una víctima más del proceso. Mi cliente no adquirió préstamo”, afirmó.
El Ministerio Pública solicita al juez declarar el caso complejo y un año de prisión preventiva contra los imputados.
