El exfiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero cuestionó el cumplimiento de los protocolos de protección a víctimas de violencia de género tras el caso de Esmeralda Moronta, al considerar que las autoridades debieron activar mecanismos preventivos para evitar el desenlace fatal.
A través de una publicación en sus redes sociales, Hernández Peguero recordó que desde el 29 de abril de 2005, cuando fue instalada la primera Unidad de Atención y Prevención de la Violencia en la avenida Rómulo Betancourt, el Ministerio Público (MP) implementó un protocolo de atención a mujeres denunciantes basado en un test de riesgo para identificar posibles agresiones o amenazas de muerte.
Según explicó, ese procedimiento permitía adoptar de inmediato medidas de protección en los casos considerados de alto riesgo, incluyendo la retención preventiva de la víctima mientras se producía el arresto del agresor, el despojo de armas de fuego y la emisión de órdenes de protección judicial.
- “El protocolo iniciaba con un test que identifica su riesgo de agresión o muerte por el denunciado, para así inmediatamente adoptar medidas de protección”, escribió el jurista en la publicación.
Hernández Peguero sostuvo que, en muchos casos, las víctimas permanecían bajo resguardo aun cuando no estuvieran de acuerdo, hasta que las autoridades garantizaran condiciones de seguridad frente al agresor.
El exfiscal lamentó que el caso dejara “dos huérfanos y familias desconsoladas”, además de un impacto negativo en la confianza hacia las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia. A su juicio, situaciones como esta podrían provocar que otras mujeres desistan de presentar denuncias por temor a no recibir protección efectiva.
El caso de Esmeralda Moronta generó múltiples reacciones e indignación luego de conocerse que la mujer, de 33 años, acudió horas antes de su muerte a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este para denunciar a su expareja, Omar Tejada Guzmán, por presunto acoso, amenazas y vigilancia mediante GPS.
Diario Libre informó el sábado que Moronta solicitó una orden de alejamiento y expresó temor por su vida. Sin embargo, tras salir de la fiscalía, fue perseguida por su agresor en las inmediaciones de la calle Puerto Rico, en el sector Alma Rosa I, donde intentó escapar corriendo entre vehículos y refugiarse en un colmado.
Las cámaras de seguridad captaron los últimos minutos de vida de la víctima, quien abandonó su vehículo al percatarse de que Tejada Guzmán la esperaba en la zona. El hombre la siguió armado hasta alcanzarla dentro del negocio, donde le disparó mortalmente antes de suicidarse.
La versión del Ministerio Público
Otro elemento que ha intensificado las discusiones sobre el caso es un acta del Ministerio Público, divulgada por Diario Libre, en la que consta que Esmeralda rechazó ser trasladada a una casa de acogida luego de presentar la denuncia. El documento señala que las autoridades le advirtieron sobre los riesgos de regresar a su vivienda.
Según explicaron representantes de la unidad, el ingreso a las casas de acogida no puede imponerse de manera obligatoria y depende de la aceptación de la víctima. El protocolo contempla traslados confidenciales y acompañamiento policial para las mujeres y sus hijos cuando aceptan esa medida de protección.
Tras el feminicidio, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó investigar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género agotó correctamente los protocolos de protección en el caso de Esmeralda Moronta.
