La Coalición por la Seguridad Social Digna y decenas de organizaciones sociales protestaron este jueves frente al Congreso Nacional para rechazar una eventual reforma a la Ley 87-01 que, según denunciaron, profundizaría el modelo “privatizador” del sistema de salud y pensiones en el país.
Durante la manifestación, dirigentes sociales, gremiales y comunitarios cuestionaron el funcionamiento actual de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de Fondos de Pensiones (AFP), al considerar que ambos sistemas “priorizan las ganancias empresariales por encima de la protección social de la población”, por lo que pidieron una reforma que beneficie a la ciudadanía.
La actividad culminó con la entrega de una proclama a varios diputados, entre ellos Pedro Martínez, quienes se comprometieron a revisar el documento y participar en la discusión de cualquier propuesta de reforma que llegue al Congreso.
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La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, aseguró que las informaciones que se han difundido sobre la propuesta que prepara el Poder Ejecutivo apuntan a un supuesto endurecimiento del sistema actual y no a una transformación estructural de la seguridad social.
Aunque dijo que alegadamente existe un borrador con las supuestas propuestas del Gobierno, no lo mostró.
Sin embargo, denunció que el llamado borrador aumentaría las cotizaciones de los empleados y elevaría en cinco años la edad para acceder a las pensiones.
Sostuvo que la reforma que necesita el país debe cambiar “radicalmente” la lógica de negocios que, a su juicio, ha predominado en el sistema desde la aprobación de la Ley 87-01.
Cabrera afirmó que el modelo vigente ha servido para aumentar la acumulación de capital de los propietarios de las ARS y AFP, mientras la población continúa enfrentando dificultades para acceder a tratamientos médicos y medicamentos.
Durante su intervención, describió situaciones de familias que, según dijo, agotan rápidamente la cobertura médica y terminan vendiendo propiedades o endeudándose para costear tratamientos de enfermedades de alto costo.
También cuestionó las limitaciones en la cobertura de medicamentos y aseguró que la reforma debe garantizar una protección financiera real para la ciudadanía.
Además, llamó a la movilización social para presionar cambios en el sistema y afirmó que solo mediante protestas sostenidas la población podrá influir en las decisiones del Congreso.
Pensiones dignas
En términos similares se expresó el expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, quien recordó las movilizaciones realizadas en enero de 2001 cuando se discutía la aprobación de la Ley 87-01, la actual de Seguridad Social.
Caba afirmó que el sistema niega pensiones dignas y una cobertura de salud eficiente, y criticó la existencia de las ARS y AFP, a las que acusó de «beneficiar económicamente a sectores financieros mientras la población enfrenta dificultades para costear servicios y medicamentos”.
Asimismo, aseguró que el Congreso estaría encaminado a aprobar una reforma contraria a los intereses de la población y llamó a la ciudadanía a mantenerse en las calles para impedirlo.
Manifestantes entregan propuestas
En la proclama entregada durante la protesta, la Coalición por la Seguridad Social Digna sostiene que el sistema actual responde a una lógica “de mercado, privatizadora e injusta” que prioriza las ganancias privadas sobre el bienestar colectivo.
Las organizaciones también rechazaron cualquier modificación que, según expresaron, aumente las cotizaciones o la edad de retiro, permita que las AFP continúen invirtiendo fondos en deuda pública o afecte el funcionamiento del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y de los servicios públicos.
Entre las demandas incluidas en la proclama figuran la creación de un sistema de pensiones solidario, universal y público; un seguro nacional de salud sin copagos ni restricciones de cobertura; el fortalecimiento de Senasa y una mayor inversión estatal en salud pública.
Entre los grupos firmantes de la proclama figuran Ciudad Alternativa, Foro Ciudadano, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Unión Clasista de Trabajadores, Asodifimo, Red Urbano Popular, Mopesep, Conamuca y diversas organizaciones comunitarias, sindicales y campesinas.
Actualmente, una comisión bicameral de legisladores estudia alrededor de nueve proyectos de ley que buscan modificar la 87-01, pero el equipo muestra pocos avances porque espera que el Poder Ejecutivo deposite en el Congreso su propuesta de cambios a la normativa, que este 2026 cumplió 25 años.
