La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar, una pieza que prohíbe la venta y consumo en las escuelas de productos azucarados, ultraprocesados y con alto contenido de sodio.
La propuesta es autoría de la diputada perremeísta Soraya Suárez. En el proceso de acogerse, obtuvo 101 votos a favor y espera su aprobación en segunda lectura antes de pasar al Senado.
Detalles del proyecto de ley
En el artículo 30 del proyecto se detalla que las cafeterías escolares deben cumplir con una guía de alimentos saludables que, a su vez, será supervisada por comités de alimentación en las escuelas.
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El proyecto aprobado dispone que los alimentos que se proporcionen a los niños, ya sea a través de las cafeterías o los que se suministren como parte del desayuno o almuerzo escolar, deben proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes.
Para cumplir con la disposición del proyecto, la propuesta aprobada en primera lectura establece que todas las personas involucradas en el manejo y procesamiento de los alimentos que se darán en las escuelas “deben recibir una capacitación continua en buenas prácticas higiénicas”, un programa supervisado por el Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Abastecimiento y preparación de alimentos
Además, en su artículo 41, la propuesta de ley ordena al Inabie a “crear condiciones indispensables” para que toda la alimentación escolar sea abastecida por pequeños productores locales, en un proceso que priorizará la producción orgánica sin el uso de fertilizantes químicos que sean dañinos para la salud.
Actualmente, en muchas escuelas los alimentos son elaborados en espacios fuera de las escuelas, pero el proyecto aprobado busca cambiar esa dinámica para que el almuerzo escolar se realice dentro del espacio de los planteles educativos y que para ello se instalen cocinas en las infraestructuras.
Sin embargo, aunque los alimentos se cocinarán en las mismas escuelas, se mantendrá la actual modalidad de que la comida sea contratada por proveedores externos mediante un proceso dirigido puntualmente a micro, pequeñas y medianas empresas.
“En caso de que los alimentos no sean preparados en los planteles educativos o en los alrededores, serán adquiridos a través de proveedores de estos servicios ubicados en la comunidad donde se encuentre el centro educativo”, sostiene el proyecto de ley.
Consecuencias por infracciones
La misma pieza de ley establece que si algún director de escuela influye, por medios fraudulentos, en la selección de los proveedores que resulten adjudicados, podrían tener consecuencias penales, y los que se inmiscuyan en la escogencia de los proveedores podrían ser destituidos de sus funciones.
Además, si se prueba que algún proveedor se benefició con un contrato por obtener información confidencial del proceso, serán revocados de los procedimientos.
Proceso de aprobación
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados ahora está listo para una aprobación en segunda lectura y, si cumple con todo el proceso, iría al Senado para otras dos votaciones reglamentarias antes de convertirse formalmente en una ley.
