En la oscuridad de la madrugada del 10 de abril de 2025, Jennifer Rijo Guerrero vivió una pesadilla que marcaría su vida para siempre.
El reloj marcaba las 12:00 de la medianoche cuando su expareja, Félix Antonio Chalas Mejía, irrumpió en su vivienda en el paraje Azafrán, sección Santana, provincia La Altagracia. Lo que siguió fue una escena de violencia desmedida.
El hombre la atacó con las manos, la mordió en distintas partes del cuerpo y, con brutalidad, la golpeó en la cabeza utilizando una pistola.
No bastó con eso: la arrastró fuera de la casa, amenazándola de muerte, advirtiéndole que si gritaba la mataría. El arma, manipulada frente a ella, se convirtió en un símbolo de terror, un recordatorio de que su vida pendía de un hilo.
El cuerpo de Jennifer quedó marcado por la agresión: trauma contuso en la frente, hematomas, mordeduras en el cuello, laceraciones en el brazo y abrasiones en la rodilla.
Cada herida era testimonio de la violencia que había sufrido, cada cicatriz un eco del miedo que la envolvió aquella noche.
Fue condenado
El caso llegó a los tribunales, donde los jueces Sagrario del Río, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte escucharon las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La justicia determinó que Félix Antonio Chalas Mejía era culpable de violar los artículos 309-2 y 309-3 del Código Penal Dominicano. La sentencia fue clara: diez años de prisión.
Con esta decisión, la justicia no solo castigó a un agresor, sino que envió un mensaje contundente contra la violencia hacia la mujer.
