La ley que buscaba saldar deudas acumuladas por el Estado con contratistas desde 1996 permanece en un limbo constitucional luego de haber sido observada por el presidente Luis Abinader, mientras paralelamente el Congreso conoció y aprobó una nueva pieza legislativa impulsada para el mismo tema, pero con ligeros cambios.
El conflicto constitucional surge porque el proyecto original, aprobado y convertido en ley por la Cámara de Diputados el 12 de enero de 2026, todavía sigue vigente en el Congreso y no ha sido retirado formalmente, pese a las observaciones realizadas por el mandatario.
Aunque en el Congreso debatieron y aprobaron una nueva ley que sirvió como sustituta de la que observó Abinader, la original sigue vigente y podría quedar aprobada automáticamente si los diputados la mantienen sin movimiento durante dos legislaturas.
El procedimiento con la ley
El procedimiento está establecido en el artículo 102 de la Constitución, que regula el trámite que debe seguir una ley observada por el Poder Ejecutivo.
Ese artículo ordena que, cuando el presidente observa una ley, debe devolverla a la cámara de origen indicando los artículos objetados y las razones de la observación. Luego, la cámara correspondiente debe aprobar nuevamente la pieza en única lectura.
Pero la diferencia la marca el artículo 103 de la Constitución que dispone que todos los proyectos de ley tienen un plazo de dos legislaturas ordinarias para ser tramitados, de lo contrario se considerará aceptada la observación y a ley quedará aprobada automáticamente.
Sin embargo, mientras ese proceso constitucional sigue abierto con el proyecto original, la Cámara de Diputados optó por impulsar una nueva iniciativa legislativa distinta.
La pieza aprobada originalmente por la Cámara de Diputados reconocía de manera directa un conjunto de deudas pendientes y ordenaba el pago a 571 contratistas ya identificados, correspondientes a obras y servicios acumulados desde 1996.
Posteriormente, el presidente Abinader observó la ley argumentando que el texto aprobado no establecía con precisión el monto exacto que desembolsaría el Estado ni identificaba formalmente a todas las empresas y ciudadanos beneficiados.
Tras esa observación presidencial, las autoridades decidieron impulsar otro proyecto de ley, que fue sometido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Lo que contempla el nuevo proyecto
A diferencia de la pieza original, el nuevo proyecto modifica completamente el mecanismo para validar las acreencias y crea una comisión encargada de revisar cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso.
Según explicó Pacheco, esa comisión tendría facultad para rechazar solicitudes o reducir los montos reclamados, aunque no podrá incluir nuevos beneficiarios.
El nuevo texto también elimina el reconocimiento automático de las acreencias y somete los mismos casos a un proceso de validación y confirmación antes de proceder con los pagos.
Actualmente, ese nuevo proyecto ya se encuentra en el Poder Ejecutivo a la espera de promulgación
No obstante, el proyecto original observado por Abinader continúa vigente en la Cámara de Diputados, lo que lo mantiene abierto en un limbo por su procedimiento constitucional y por la vigencia de dos iniciativas legislativas distintas relacionadas con las mismas deudas del Estado.
