El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, justificó este miércoles la política de incrementos graduales que registraron los precios de los combustibles en el país durante las últimas semanas, producto del impacto de la crisis internacional del petróleo, como una forma de balancear la estabilidad social con la responsabilidad fiscal.
Frente a este escenario, Díaz detalló que el Gobierno ha optado por una estrategia de mitigación basada en subsidios focalizados y ajustes graduales en los precios, evitando trasladar de golpe el aumento internacional al consumidor local.
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Sin embargo, el responsable de las finanzas públicas dejó saber que mantener ese nivel de subvención a los derivados del crudo de forma indefinida no es sostenible. Explicó que actualmente el Estado está absorbiendo gran parte del aumento del petróleo, por encima de un umbral cercano a los 74 dólares por barril, lo que implica un alto costo para las finanzas públicas.
“En economía no hay soluciones perfectas, hay dilemas. Si no subsidiamos, el precio subiría de manera abrupta; si subsidiamos demasiado, el costo fiscal se dispara”, indicó.
Choque de magnitud y medidas
Durante una entrevista concedida al programa Hoy Mismo, el funcionario explicó que el país enfrenta un “choque externo de gran magnitud”, con efectos directos en la inflación, el costo del transporte y los precios de los alimentos, dada la alta dependencia de las importaciones de combustibles.
“El impacto es inevitable. Esto se va a sentir en la economía, porque el petróleo afecta prácticamente todos los sectores”, sostuvo y agregó que la actual situación del crudo representa una de las mayores disrupciones en la historia reciente de ese mercado.
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Entre las medidas adoptadas por el Gobierno, además del subsidio semanal a los combustibles, que en algunos períodos ha alcanzado los 1,500 millones de pesos, el ministro citó el apoyo al transporte público para contener el alza en el precio de los pasajes.
A esto se suman subsidios a fertilizantes y productos agrícolas, con el objetivo de evitar un efecto en cadena sobre los alimentos, además de mayores transferencias a programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.
“El Gobierno no puede evitar el impacto, pero sí puede mitigarlo, especialmente en la población más pobre”, afirmó.
Efecto de la crisis
Díaz subrayó que la incertidumbre sobre la duración de la crisis complica la planificación económica, obligando al Gobierno a adoptar un enfoque flexible.
“El plan no puede ser rígido. Esto cambia cada semana. Lo que hacemos es monitorear y ajustar las medidas según evolucione la situación internacional”, declaró.
Pese al contexto adverso, aseguró que la economía dominicana mantiene un ritmo de crecimiento cercano al 4 % y que el Gobierno busca preservar la inversión pública como motor de la actividad económica.
Concluyó diciendo que la crisis tendrá un costo para toda la sociedad, pero que las políticas públicas están orientadas a distribuir ese impacto de la forma más equitativa posible.
