La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) expresó este martes su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de paralizar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto Romero, en San Juan, al advertir que la medida podría generar efectos negativos a nivel institucional, económico y en la confianza de los inversionistas.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que detener este proceso técnico, clave para garantizar que la actividad minera se realice con altos estándares ambientales, no contribuye a la protección del medioambiente, sino que limita el análisis riguroso que corresponde.
En su reacción, Camipe insistió en que cualquier decisión sobre proyectos de alto impacto debe basarse en criterios técnicos, evaluaciones ambientales, cumplimiento legal y respeto al debido proceso, en coherencia con el Plan META 2036.
Impacto nueva ley de Minería
Asimismo, consideró que esta situación evidencia la necesidad de una nueva Ley de Minería que fortalezca la seguridad jurídica, la transparencia y la participación social, estableciendo reglas claras para el desarrollo del sector.
La organización también subrayó que el debate sobre la minería no debe plantearse como una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental, sino como una oportunidad para consolidar un modelo de minería sostenible, sustentado en evidencia técnica, fiscalización rigurosa y diálogo con las comunidades.
- En ese sentido, valoró la disposición al diálogo anunciada por el presidente Luis Abinader y puso a disposición su experiencia técnica para contribuir a un proceso que integre a autoridades, especialistas, comunidades y actores productivos.
Camipe reiteró que el país no debe elegir entre crecimiento económico y protección ambiental, sino avanzar hacia una minería responsable, regulada y socialmente consensuada, lo que, a su juicio, requiere de una reforma normativa que modernice el marco legal vigente.
