La República Dominicana y España firmaron ayer un acuerdo de cooperación en materia de seguridad orientado a rastrear y recuperar bienes de origen ilícito, desarticular redes criminales y reforzar la inteligencia compartida frente al avance del crimen organizado.
El convenio, suscrito por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, establece mecanismos de intercambio de información, investigaciones conjuntas y asistencia operativa entre ambos países.
Sin embargo, la firma no ocurre en un vacío. Llega en un momento de alta sensibilidad en España, sacudida por el denominado Caso Koldo, un proceso abierto por presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, en cuyo entramado se señalaron intentos de proyectar negocios vinculados a la covid hacia República Dominicana.
En ese contexto, sectores de la oposición en España advirtieron que RD fue considerada como posible destino para los funcionarios corruptos, lo que añade una capa de atención sobre los mecanismos de cooperación bilateral.
Reportes internacionales de forma recurrente puntualizan el Caribe entre las principales rutas de operación de redes vinculadas al crimen organizado y delitos financieros, lo que coloca a acuerdos como este bajo la expectativa de que no solo formalicen la colaboración, sino que contribuyan a cerrar espacios a la impunidad.
Patrimonio ilícito
Las autoridades de ambos países podrán ejecutar golpes financieros a las estructuras criminales en cualquiera de los dos territorios, eliminando la posibilidad de que el dinero sucio generado en suelo dominicano encuentre refugio o legitimación en territorio español, y viceversa.
Este enfoque de “asfixia económica” se complementa con una vigilancia más estricta sobre la ciberdelincuencia y la falsificación de documentos, localización de desaparecidos, violencia de género y herramientas clave para la operación de redes transnacionales.
En el encuentro también se discutió cómo el modelo de tecnificación español puede servir de catalizador para la modernización de los protocolos operativos y de investigación dominicanos.
“Hoy damos un paso más en el fortalecimiento de nuestra alianza en materia de seguridad, incorporando un nuevo marco jurídico que refuerza los mecanismos de colaboración y promueve el intercambio de información, la asistencia técnica y la formación”, puntualizó el ministro de Interior español.
El acto de firma se realizó en la sede de la Policía Nacional, donde Marlaska junto a Raful fueron recibidos por el director de la uniformada, Modesto Cruz Cruz.
La ministra Faride Raful destacó que este tratado busca hacer frente a una realidad criminal que exige mayor capacidad y eficiencia, consolidando una alianza que convierte la distancia geográfica en una “frontera compartida de seguridad.
En ese contexto, el acuerdo prioriza el intercambio ágil de perfiles criminales, sin las dilaciones de la burocracia tradicional, y permite la colaboración directa entre agentes en casos que afecten ambas jurisdicciones. También, fortalece el rastreo digital para enfrentar estafas y extorsiones transnacionales, así como la implementación de protocolos de respuesta rápida para combatir la trata de personas.
