El proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez se aproxima a una posible extinción de la acción penal debido a los prolongados retrasos que han impedido el inicio del juicio de fondo dentro del plazo legal, advirtió este martes Participación Ciudadana.
El movimiento cívico emitió su octavo informe, dedicado exclusivamente al caso de Rodríguez y los otros acusados en ese proceso.
Recordó que el artículo 150 del Código Procesal Penal establece un límite de cuatro años para la duración máxima de los procesos. No obstante, el expediente alcanzaría cinco años en julio próximo.
La entidad advirtió que las dilaciones responden, en gran medida, a la interposición reiterada de incidentes por parte de los imputados, con el objetivo de prolongar el proceso hasta provocar su extinción.
«La Suprema Corte de Justicia ha sentado el precedente de que el plazo de duración máxima, por mandato constitucional, debe ser razonable y no constituye una camisa de fuerza para el juzgador. Claramente ha establecido que para determinar su extensión se debe tomar en cuenta la complejidad, la actividad procesal de los imputados y la conducta de las autoridades judiciales», indicó la entidad.
Retrasos en el juicio de fondo
De acuerdo con la organización de la sociedad civil, el juicio de fondo —fijado inicialmente para el 23 de septiembre de 2024— ha sido aplazado en 22 ocasiones en un período de 18 meses, sin que se haya conocido el fondo del caso.
Ante esta situación, sostuvo que esta práctica contraviene el artículo 305 del Código Procesal Penal, que ordena que los incidentes sean resueltos en un solo acto, sin afectar el desarrollo del juicio.
A un año y ocho meses de su convocatoria, el juicio de fondo aún no inicia, lo que —según Participación Ciudadana— evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia para procesar con eficacia los casos de corrupción administrativa.
Choque de versiones
Jean Alain Rodríguez rechazó el informe y lo calificó como un documento “político disfrazado de técnico”, al tiempo que negó que su defensa haya incurrido en tácticas dilatorias.
Por el contrario, atribuyó los retrasos al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“El Ministerio Público no ha podido demostrar un solo hecho concreto que me vincule a actos de corrupción. La extinción no es un truco de la defensa, sino la consecuencia de una acusación débil”, afirmó Rodríguez mediante una nota de prensa.
El exprocurador sostuvo que el proceso en su contra se acerca a los seis años, superando el límite legal, y aseguró que ha asistido a todas las audiencias sin «provocar aplazamientos».
Además, indicó que, pese a que el plazo para la extinción estaría vencido, su defensa no ha solicitado el cierre del caso, con el fin de demostrar presuntas irregularidades, entre ellas falsificación de documentos, ocultamiento de pruebas y presiones a testigos.
