El Consejo de Defensa Técnica del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) hizo público un manifiesto en el que expone diez aspectos que, a su juicio, debilitan la acusación presentada por el Ministerio Público en el denominado caso Coral. También advierte sobre los riesgos que estas prácticas representarían para el debido proceso, la seguridad jurídica y las libertades individuales.
El documento señala que no busca sustituir la decisión judicial, sino explicar los hallazgos expuestos durante el juicio y sustentar la solicitud de absolución, el cese de las medidas de coerción y la exclusión de pruebas por falta de idoneidad, pertinencia y regularidad procesal.
La defensa sostiene que el Ministerio Público presentó acusaciones imprecisas, sin individualizar hechos concretos como exige el derecho penal.
Debilidad en el bloque de nóminas
Asegura que las personas utilizadas para sustentar el supuesto esquema de nóminas no figuran en registros oficiales, sino en listados aportados por la acusación.
Ausencia de rastro bancario
Indica que no se demostró, mediante transferencias bancarias, que esas personas recibieran dinero del Cusep.
Testimonios inconsistentes
Afirma que varios declarantes no pudieron identificar el origen del dinero ni vincularlo al Cusep, con testimonios calificados como ambiguos o especulativos.
Omisiones en la auditoría de almacén
Sostiene que la auditoría ignoró controles logísticos documentados que registraban la entrada y salida de bienes.
Contradicciones en ocultamiento patrimonial
Plantea que bienes señalados como ocultos estaban declarados en documentos presentados, incluso, por el propio Ministerio Público.
Falta de vínculo con Plaza Randa
Señala que los documentos técnicos no respaldan la supuesta relación entre Cáceres, la empresa CSNA y la plaza comercial mencionada.
Pruebas débiles en Asociación Madre Tierra
Indica que la imputación se sustentó en hechos no registrados en actas y en testimonios basados en rumores.
Análisis financiero sin trazabilidad
La defensa argumenta que se intentó criminalizar operaciones financieras ordinarias sin demostrar el origen ilícito de los fondos.
Cuestionamientos a la estructura del caso
Solicitó excluir múltiples pruebas por falta de conexión, objetividad e independencia, incluidos peritajes cuestionados por su origen institucional.
Advertencia sobre el sistema de justicia
El manifiesto concluye con una advertencia sobre las implicaciones del proceso. Señala que, si una persecución penal se sustenta en cargos imprecisos o pruebas débiles, se pone en riesgo la presunción de inocencia y se debilita el Estado de derecho.
“La lucha contra la corrupción solo fortalece a la República cuando se ejerce con rigor, limpieza y pruebas sólidas”, indica el documento. Añade que lo que ocurra en este caso podría sentar precedentes para otros ciudadanos.
El documento fue presentado por el Consejo de Defensa Técnica del mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, integrado por los abogados Cristian Martínez y Romer Jiménez.
