La jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo 10 de abril el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público acusa de recibir un soborno de 10 mil dólares en efectivo de parte del exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud, (Senasa) Roberto Canaán, quien es testigo del caso de corrupción a la ARS estatal.
El abogado Valentín Medrano explicó que la decisión fue adoptada con el objetivo de garantizar el derecho de defensa del imputado, permitiendo que sus abogados puedan reunirse con él de manera presencial y coordinar adecuadamente la estrategia legal.
«Se aplazó porque la decisión adoptada en la audiencia anterior no se cumplió efectivamente, y la magistrada como forma de garantizar el debido proceso de ley y las garantías penales sustantivas del justiciable, ordenó que se le diera curso a la decisión que con antelación el tribunal adoptó. Esto consiste en permitir que la defensa técnica se reúna con el imputado cara a cara y puedan armonizar la defensa técnica que presentamos los abogados con la defensa material que está a cargo del justiciable; aunque es abogado, hoy es un imputado”, expresó el abogado Valentín Medrano.
Sobre el hecho
El arresto de Valdez Alcántara se produjo la noche del 27 de marzo, según informó el Ministerio Público. Al momento de su detención, se le ocuparon los 10 mil dólares recibidos en una entrega controlada previamente autorizada por un juez.
- De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el dinero fue encontrado oculto en el interior de su vehículo, específicamente en el área del sunroof de una yipeta Honda CRV. En total, se trataba de 100 billetes de 100 dólares.
La investigación es encabezada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien calificó el caso como grave y reiteró su política de cero tolerancia frente a la corrupción dentro del Ministerio Público.
Según el expediente, el fiscal, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), habría solicitado sobornos a cambio de favorecer al exgerente de atención al usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, vinculado como testigo en el caso.
El Ministerio Público sostiene que inicialmente el imputado habría exigido 200 mil dólares, monto que posteriormente redujo a 150 mil, además de solicitar un vehículo de alta gama, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, y un reloj de lujo.
