Amplían a todo el país servicio de asistencia legal a las víctimas

La Procuraduría General de la República dejó oficialmente ampliado el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), con la incorporación de 100 nuevos abogados y la apertura de 37 oficinas en todo el territorio nacional, fortaleciendo así la asistencia legal gratuita a personas afectadas por delitos.

Durante una ceremonia encabezada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, la institución destacó que la expansión marca un hito en la consolidación de un sistema de justicia penal más accesible y centrado en las víctimas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad económica.

¿En qué consiste el nuevo servicio?

Con esta ampliación, el Relevic alcanza un total de 146 abogados distribuidos en 37 oficinas y seis coordinaciones regionales, lo que amplía significativamente su cobertura territorial y capacidad operativa.

El servicio ofrece representación legal gratuita, especializada y oportuna a víctimas de infracciones penales que no cuentan con recursos para contratar un abogado privado. Entre sus funciones están:

  • Orientación jurídica integral.

  • Representación en todas las etapas del proceso penal.

  • Interposición de querellas y constitución en actor civil.

  • Solicitudes de medidas de coerción.

  • Recursos de apelación.

  • Reclamación de indemnizaciones.

  • Gestión de medidas de protección.

  • Acompañamiento en audiencias.

  • Coordinación con servicios psicológicos y sociales.

Asimismo, brinda atención especializada a víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata y tráfico ilícito, bajo un enfoque diferencial y de derechos humanos.

La incorporación de los 100 nuevos defensores fue aprobada por el Consejo Superior del Ministerio Público el 29 de abril de 2025, tras un concurso público definido como integral, exigente y riguroso. Los seleccionados completaron un programa de formación especializada impartido por el Instituto de Educación Superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), con capacitación en derechos de las víctimas, derecho penal, derecho procesal penal y victimología.

Perfil de los representantes legales de las víctimas

El representante legal del Relevic combina sólida preparación técnica con vocación de servicio, sensibilidad humana y compromiso con la no revictimización.

Actúan como querellantes y actores civiles dentro del proceso penal, procurando no solo la sanción del responsable, sino también la reparación integral del daño sufrido por la víctima. Su labor se enfoca en garantizar igualdad procesal, participación activa en el proceso y acceso efectivo a mecanismos de justicia y resarcimiento.

Según datos institucionales, entre 2020 y 2025 el Relevic recibió 2,539 casos, participó en 22,972 audiencias y logró 1,182 sentencias con indemnizaciones que superan los RD$1,259 millones a favor de víctimas.

Autoridades y personalidades presentes

El acto contó con la asistencia de la primera dama Raquel Arbaje; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; y el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín.

También estuvieron presentes la embajadora de Argentina, María Sandra Winkler; el cónsul general de España, Jorge Cabezas; Ana Álvarez, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid); el director general de Persecución, procurador adjunto Wilson Camacho; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la rectora del IES-ENMP, Marien Montero; y Servio Tulio Castaño Guzmán, presidente ejecutivo de Finjus, entre otras autoridades judiciales, miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales.

La actividad, celebrada en el Hotel Catalonia, incluyó la juramentación de los nuevos abogados y simboliza —según expresó Reynoso— el cumplimiento de un compromiso institucional orientado a garantizar tutela efectiva, participación activa de las víctimas en el proceso penal y acceso real a justicia y reparación.

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