La jueza Rocío Espejo Hidalgo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Juan, impuso este martes tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de matar a tiros a su expareja sentimental.
La medida fue impuesta a Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, conocido como Blanco Moya, señalado por la muerte de Jocelyn Ceballos Matrille, de 36 años.
La magistrada acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.
El crimen ocurrió la madrugada del pasado sábado 7 de noviembre, alrededor de las 2:20, en un apartamento del residencial Caonabo Tower, ubicado en San Juan de la Maguana, donde la mujer recibió varios impactos de bala durante una presunta discusión con su expareja.
De acuerdo con el expediente presentado por el órgano acusador, Moya Tavares habría cometido el crimen después de sostener una confrontación con la víctima. Posteriormente, abandonó el lugar.
El hombre fue localizado y arrestado por agentes de la Policía Nacional, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes.
Investigación del crimen
El informe del médico legista Hamlet Contreras establece que Ceballos Matrille falleció a consecuencia de un choque hemorrágico provocado por heridas de proyectiles de arma de fuego.
Durante el levantamiento de evidencias en el apartamento, técnicos de la Policía Científica recolectaron una pistola calibre 22, cápsulas, casquillos y otros elementos que forman parte de la investigación.
El Ministerio Público sostiene que el homicidio ocurrió en un contexto de violencia de género e intrafamiliar, por lo que mantiene abierta la investigación para fortalecer el expediente acusatorio.
Las pesquisas estuvieron encabezadas por el procurador fiscal titular de San Juan, Adolfo Féliz Pérez, junto con Danelys Medina, encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, y la fiscal Diana Ramírez.
Esta última representó al Ministerio Público durante la audiencia en la que se dictó la medida de coerción.
