El Ministerio Público acusa a un abogado y a una mujer de integrar una presunta estructura dedicada a captar adolescentes, trasladarlos desde distintas localidades hasta Santiago y someterlas a explotación sexual, a cambio de pequeñas sumas de dinero.
Los imputados son el abogado A.A.V. y F.F.P.G.
Contra ambas personas la Fiscalía de Santiago solicitó prisión preventiva, al atribuirles violaciones a la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, modificada por la Ley 46-25; al Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (136-03), y a la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Detalles de la investigación
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, la investigación comenzó luego de que el 26 de octubre de 2026 el padre de una adolescente de 17 años denunciara que su hija había sido trasladada desde Esperanza, provincia Valverde, hasta Santiago, bajo el alegato de que tendría la oportunidad de adquirir experiencia práctica en una oficina de abogados durante sus días libres de la escuela.
Sin embargo, según la acusación, la joven habría sido llevada a la residencia de A.A.V., donde supuestamente era obligada a sostener relaciones sexuales con diferentes hombres a cambio de dinero.
El expediente establece que F.F.P.G. se encargaba de trasladar a la adolescente desde Valverde hasta Santiago, mientras que A.A.V. presuntamente coordinaba los encuentros sexuales y grababa a las víctimas.
La investigación también señala que los imputados imponían reglas para impedir que los adolescentes intercambiaran números telefónicos u otras informaciones personales con las personas con quienes sostenían relaciones sexuales, a fin de evitar que mantuvieran comunicación posteriormente.
Más adolescentes en la investigación
La Fiscalía sostiene que durante las pesquisas fueron identificadas otras posibles víctimas, entre ellas adolescentes de 13 y 14 años, además de jóvenes de hasta 17 años.
En una entrevista forense practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), una de las adolescentes habría relatado que fue contactada por Acosta Vargas mediante una aplicación de citas, quien posteriormente la habría incorporado a los encuentros sexuales con otras menores de edad, a cambio de remuneraciones económicas.
El testimonio también señala que el imputado supuestamente se escondía en un armario para grabar los encuentros sexuales.
La solicitud de coerción refiere, además, que la adolescente de 17 años fue sometida a evaluaciones psicológicas y ginecológicas forenses. Una prueba realizada el 27 de octubre de 2026 arrojó que se encontraba en estado de gestación.
Solicitud de prisión preventiva
La Fiscalía sostiene que los imputados representan riesgo de sustraerse del proceso debido a la gravedad de los hechos que se les atribuyen, por lo que considera necesaria la prisión preventiva para garantizar su comparecencia ante la justicia.
Además, el órgano acusador solicita que se autoricen entrevistas mediante anticipo de prueba a varias adolescentes identificadas durante la investigación.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción está pautada para el miércoles 11 de noviembre.
