El diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti Paz, propuso al Gobierno suspender el cobro del impuesto ad valorem del 16 % que se aplica a los derivados del petróleo, hasta que se estabilicen los precios en el mercado internacional.
El legislador planteó que la medida permitiría reducir los precios de los combustibles y aliviar la carga económica de la población ante el incremento de los costos de distintos productos.
Mariotti, quien preside la Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, también propuso congelar el impuesto hasta enero, cuando, según explicó, podría existir mayor certeza sobre el panorama internacional.
El diputado sostuvo que el impuesto ad valorem aumenta en términos monetarios cada vez que suben los precios de los combustibles, lo que, a su juicio, representa mayores ingresos tributarios para el Estado.
“Es tiempo que el gobierno empiece a asumir compromisos reales con el tema de las gasolinas, nosotros no podemos seguir pagando 362 pesos por un galón de gasolina y que el Estado se quede entonces con 105 pesos de impuestos de ese dinero”, manifestó el legislador.
Explicó que, cuando aumentan los precios internacionales del petróleo y el costo de importación de los combustibles, también se incrementa el monto recaudado mediante el impuesto del 16 %, que se cobra de manera adicional a los demás gravámenes establecidos en la Ley 112-00.
Mariotti calificó este impuesto de abusivo y señaló que otros países han adoptado medidas para enfrentar el impacto del encarecimiento de los combustibles.
“Definitivamente si queremos impactar de manera positiva, esos 32 pesos que ahora está cobrando el Estado por concepto de ad valorem, pueden ser traspasado en ahorro a la ciudadanía que está viendo como todo sube, no solo la gasolina y el gasoil”, propuso Mariotti.
Cuestiona el subsidio a los combustibles
El diputado también cuestionó la forma en que el Gobierno presenta los subsidios destinados a contener los precios de los combustibles.
A su juicio, las autoridades pretenden generar comprensión entre la población al destacar los recursos destinados a estos subsidios, pese a que, según afirmó, estos no se traducen en precios más bajos para los consumidores.
Sostuvo que, en la práctica, el mecanismo implica que el Estado deje de percibir una parte de sus ingresos, en lugar de representar una reducción efectiva de los precios de venta al público.
