Uno de los abogados acusados en el caso de presunta corrupción que encabezan varios exfuncionarios, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero, recusó a dos de las tres juezas del tribunal que ventila el juicio de fondo.
El imputado que presentó la recusación es Juan Tomás Polanco Céspedes, a la cual se adhirieron los encartados Agustín Mejía Ávila y Flor María Reyes.
En su instancia contra la magistrada Evelyn Rodríguez, el abogado Polanco alega “animadversión” con su defensa Alberto Almonte de los Santos por conflictos de años pasados, mientras que contra la jueza Leticia Martínez la señala de afectarle su derecho a la tutela judicial.
Los cuestionamientos, afirma, llevaron a las juezas a rechazarle la extinción de la acción penal.
Ante la recusación, el Tercer Tribunal Colegiado, que preside Arlín Ventura Jiménez y que no fue recusada, recesó el juicio para el 11 de noviembre para dar tiempo que la corte decida sobre la recusación.
Los abogados que representan a los querellantes William Humberto Mota y su familia, encabezados por Juan José Javier, sometieron un recurso de oposición a la recusación por considerar que era inadmisible por ser perturbaciones al proceso a fin de causar dilaciones.
Fueron las que votaron contra extinción
Las magistradas recusadas, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, fueron las que votaron contra la extinción de la acción penal de Guerrero y los demás acusados que solicitaron declararla.
La presidente del tribunal Arlin Ventura Jiménez tuvo un voto disidente al entender que el plazo para que el caso continuara en la justicia ya había vencido.
En el proceso penal también se acusa a los abogados Ángel Lockward, Ana Linda Fernández, así como a los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
A los más de treinta imputados se les atribuye desviar, solo en el pago de terrenos declarados de utilidad pública, más de 19 mil millones de pesos.
Asimismo, se les señala de pago de sobornos para ser utilizados en la campaña electoral de 2020 del Partido de la Liberación Dominicana.
Según el órgano acusador, los imputados también implantaron un esquema de extorsión sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda.
