La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) solicitó a la Cámara de Diputados tramitar y declarar de urgencia el proyecto que extiende el plazo de adecuación al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ante el vencimiento del período vigente el próximo 5 de noviembre.
En una comunicación dirigida al presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, el gremio pidió acelerar el conocimiento de la iniciativa que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y que, según indicó, ya fue aprobada por el Senado.
ANJE considera insuficientes los tres meses establecidos para que las empresas se preparen para las exigencias del nuevo régimen. Su preocupación se concentra especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, por los recursos que deben destinar al cumplimiento.
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La organización advirtió que, si el proyecto sigue el procedimiento ordinario, podría aprobarse después del vencimiento del plazo, cuando el régimen ya esté vigente.
Qué cambiaría la prórroga
La extensión daría a las empresas más tiempo para adecuarse a las obligaciones previstas en la legislación. El pedido de ANJE se concentra en el calendario de aplicación, sin plantear la eliminación del régimen de responsabilidad penal empresarial.
La diferencia tiene consecuencias prácticas: mantener la fecha del 5 de noviembre supondría que las empresas deban estar preparadas para la entrada en vigor bajo el plazo actual; extenderla les permitiría distribuir durante un período mayor las tareas y los costos de adecuación.
- Según el gremio, miles de empresas todavía no han podido completar ese proceso. ANJE sostiene que el tiempo disponible no guarda proporción con las exigencias del nuevo estándar de cumplimiento penal.
El comunicado no detalla cuánto tiempo añadiría el proyecto aprobado por el Senado ni identifica las obligaciones específicas pendientes de implementación.
ANJE reiteró su apoyo a un sistema efectivo de responsabilidad penal empresarial y a una cultura de prevención y cumplimiento.
No obstante, sostuvo que su implementación debe garantizar condiciones “reales y proporcionales” para que las empresas puedan cumplir.
La solicitud coloca ante los diputados una decisión con un plazo próximo: conocer la modificación antes del 5 de noviembre o permitir que llegue esa fecha sin que se haya aprobado la extensión reclamada por el sector empresarial.
