La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) acusó este jueves a nueve miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por crímenes de guerra y de lesa humanidad por hechos ocurridos en los departamentos de Huila, Tolima y Quindío durante el conflicto armado.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad atribuye responsabilidades «por homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras, ataques contra la población civil y ataques contra integrantes de la fuerza pública que estaban fuera de combate o mediante el empleo de armas que contravienen el derecho internacional humanitario», indicó la JEP.
Entre los imputados está Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien tras el Acuerdo de Paz de 2016 fue congresista por el partido Comunes, el partido que surgió con los firmantes y que desapareció este año luego de no obtener los votos suficientes en las elecciones legislativas para mantener su personería jurídica.
También figuran en la acusación Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán, Víctor Hugo Silva Soto y Raúl Agudelo Medina, todos miembros del antiguo Comando Conjunto Central (CCC) de las FARC.
Los hechos juzgados
La investigación documentó 94 incursiones armadas perpetradas por el CCC entre 1991 y 2016, lo que lo convirtió en la estructura de las FARC que más tomas guerrilleras y ataques a estaciones de Policía realizó en el país.
Además, analizó cerca de 600 expedientes judiciales, 54 informes de víctimas y organizaciones sociales, y los relatos de 967 víctimas individuales acreditadas. Los campesinos representan el 54 % de las víctimas acreditadas por hechos atribuidos a esta estructura.
Entre los hechos documentados figuran la toma de Roncesvalles, en julio de 2000, que dejó más de 30 edificaciones destruidas y cerca de 800 personas desplazadas, y la ofensiva contra Puerto Saldaña, entre abril y mayo de ese año, que provocó el desplazamiento de más de 3.600 personas y el asesinato de al menos 27 civiles.
Para el presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, esta macroimputación representa «un paso enorme en el esclarecimiento de la verdad judicial y la justicia», pues en el pasado, debido a las dinámicas del conflicto, apenas el 10 % de estos casos habían llegado a una sentencia.
La magistrada relatora del caso 10 de la JEP, Marcela Giraldo, señaló durante la audiencia que es la primera vez que los comparecientes responden por las macrovictimizaciones investigadas en este expediente, que aborda crímenes no amnistiables cometidos por las antiguas FARC y no incluidos en otros macrocasos de la jurisdicción.
Lo que viene en el proceso
Tras la notificación de la decisión, los nueve comparecientes tendrán 20 días hábiles para pronunciarse sobre los hechos y conductas atribuidos y dispondrán de 30 días hábiles para presentar observaciones y aportar información adicional que contribuya al esclarecimiento de la verdad.
Dentro de ese mismo plazo deberán entregar a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas información que permita localizar a 30 personas desaparecidas relacionadas con los hechos investigados.
En caso de que reconozcan su responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento con participación de las víctimas y posteriormente impondrá sanciones restaurativas que, aunque no contemplan cárcel, sí incluyen restricciones efectivas de derechos y libertades.
En cambio, si niegan su responsabilidad, deberán afrontar un juicio y, si la Justicia los encuentra culpables, podrán ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión.
