Cuando no hay dinero para pagar un abogado

Cien mil pesos. Eso fue lo que le pidieron a Juana Disla para que un abogado representara a su sobrino, Juan Pérez —seudónimo—, en una audiencia de medida de coerción. La familia no tenía cómo pagar esa cantidad.

El joven de 18 años enfrentaba un proceso penal y terminó en la cárcel de Najayo, luego de que le impusieran prisión preventiva. Sus familiares buscaron otro abogado para recurrir la decisión, pero los honorarios seguían fuera de su alcance.

Un abogado conocido de la familia les ofreció asumir el caso por 50,000 pesos, la mitad de lo que les habían pedido inicialmente. Tampoco pudieron reunirlos.

“Nosotros somos una familia de bajos recursos, no teníamos con qué cubrirlo y, bueno, estábamos prácticamente desesperados, no sabíamos qué íbamos a hacer”, relató Disla.

En medio de esa situación, alguien les recomendó acudir a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), que ofrece asistencia legal gratuita a personas que no cuentan con un abogado.

Juana se trasladó a una oficina de la institución en Santo Domingo Oeste. Esperó su turno y explicó lo que ocurría con su sobrino.

Una defensora pública asumió el expediente y comenzó a estudiarlo. Explicó a la familia cuáles documentos necesitaban para solicitar la revisión de la medida de coerción y les advirtió que, sin ellos, sería difícil obtener una decisión favorable.

Más de 121,000 casos en cinco años

Entre 2021 y 2025, la Defensa Pública recibió 121,746 casos nuevos y registró 595,562 atenciones a usuarios, familiares y otras personas que acudieron en busca de información, orientación o asistencia, según estadísticas oficiales suministradas a Diario Libre.

Los expedientes ingresados pasaron de 20,768 en 2021 a 26,232 en 2025, un aumento del 26.3 %. En los primeros seis meses de 2026 se contabilizaron otros 12,498 casos.

La mayor cantidad de expedientes de 2025 se concentró en la oficina de la provincia Santo Domingo, con 2,829, seguida de Santiago, con 2,027, y el Distrito Nacional, con 1,809.

Los registros también muestran un incremento en las medidas de prisión preventiva impuestas en los procesos atendidos por la institución. Estas pasaron de 5,105 en 2021 a 6,833 en 2025, un aumento del 33.8 %.

En ese mismo período, las garantías económicas clasificadas por la ONDP como de imposible cumplimiento aumentaron de 1,106 a 2,245, más del doble de las registradas cinco años antes.

• Las estadísticas incluyen, además, los resultados de los procesos. Entre 2021 y 2025, la institución contabilizó 13,129 descargos, 16,718 extinciones de la acción penal y 9,938 autos de no ha lugar en la jurisdicción ordinaria.

Aunque ofrece cobertura en todo el territorio nacional, la Defensa Pública todavía no dispone de oficinas abiertas al público en Constanza, Dajabón, Nagua, Samaná y El Seibo. Según la institución, en esas localidades se continúa ofreciendo asistencia legal.

La falta de defensores

El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, explicó a Diario Libre que una persona sin recursos para contratar un abogado puede solicitar asistencia directamente en la institución o a través del tribunal donde se conoce su proceso.

Cuando un imputado comparece sin representación legal, el juez puede solicitar que se le asigne un defensor público. También puede acceder al servicio quien ya no tenga dinero para continuar pagando un abogado privado.

“El tribunal el mismo día envía un oficio a la Defensa Pública y en 24 horas nosotros le asignamos un defensor público”, aseguró Santos.

La institución también realiza visitas semanales a los centros penitenciarios para dar seguimiento a los procesos. 

Según el funcionario, durante esos recorridos han encontrado privados de libertad cuyos abogados particulares llevaban meses sin comunicarse con ellos.

Sin embargo, Santos reconoció que uno de los principales problemas es la falta de personal. De acuerdo con las cifras que ofreció, la ONDP cuenta con 210 defensores públicos de carrera y 129 abogados adscritos, pero necesita 250 defensores adicionales.

“Nosotros tenemos un déficit de unos 250 defensores públicos, porque los defensores públicos llevan de 300 a 500 casos individualmente y suben todos los días a audiencia”, manifestó.

Esa cantidad de expedientes, señaló, reduce el tiempo disponible para estudiar los procesos y preparar las audiencias.

“Cuando un defensor público tiene cuatrocientos, quinientos casos es difícil que respire”, expresó.

Para ampliar el servicio, indicó que 70 aspirantes concluyeron recientemente su formación y fueron distribuidos en distintas oficinas. 

También anunció un concurso para otros 80 defensores, cuya incorporación está prevista para enero de 2028.

El funcionario sostuvo que las limitaciones presupuestarias dificultan aumentar el personal, debido a que cerca del 90 % de los recursos de la institución se destina a nómina.

Ocho y hasta diez audiencias al día

Francisco Vásquez, defensor público, conoce de cerca esa carga de trabajo. 

Explicó que hay días en los que un abogado debe participar en ocho o diez audiencias, además de preparar los demás expedientes que tiene asignados.

“Ciertamente, el tiempo aquí persigue, la carga es mucha”, reconoció.

Vásquez contó que los defensores aprovechan los días con menos audiencias para estudiar los procesos pendientes. La formación recibida en la Escuela de la Judicatura, sostuvo, les permite responder a esas exigencias, aunque el tiempo sigue siendo una de las principales dificultades.

El trabajo no se limita a comparecer ante un juez. Los abogados deben revisar las circunstancias del arresto, examinar las pruebas del Ministerio Público y preparar los argumentos de defensa. Cuando el imputado está privado de libertad, también deben visitarlo para conocer su versión.

A esto se suma la atención a personas que, en muchos casos, enfrentan por primera vez un proceso penal y desconocen lo que puede ocurrirles.

“Yo tengo miedo, yo nunca he caído preso”, recordó Vásquez que le dicen algunos imputados.

El defensor considera que la situación económica continúa marcando diferencias entre las personas que enfrentan la justicia.

“Esa teoría de que el derecho penal es una máquina de castigar pobre, eso es verdad”, expresó.

Entre los casos que recuerda está el de un joven con graves problemas de salud mental que permaneció recluido en la cárcel de Azua mientras se esperaba una evaluación psiquiátrica.

Según relató, las gestiones para realizarla se prolongaron durante aproximadamente un año, entre aplazamientos judiciales y dificultades para trasladar al imputado.

Ante esa situación, Vásquez solicitó la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo. De acuerdo con su testimonio, el tribunal acogió la petición después de que el proceso llevara alrededor de cuatro años sin resolverse.

El defensor reconoció que situaciones como esa también afectan a los abogados que tienen a su cargo los expedientes.

“El mayor reto que tú tienes es lograr el equilibrio entre lo técnico y lo emocional”, manifestó.

El derecho a una defensa efectiva

Para el abogado Carlos Salcedo Camacho, contar con representación legal no es suficiente si la asistencia no se ofrece de manera oportuna y adecuada, especialmente durante las primeras actuaciones de un proceso penal.

“La defensa técnica no es una concesión del Estado ni un privilegio de quienes pueden pagarla: es una garantía fundamental de toda persona sometida a un proceso penal”, sostuvo.

Salcedo explicó que una defensa deficiente puede impedir que el imputado cuestione las pruebas presentadas en su contra, aporte elementos a su favor o discuta los argumentos utilizados para solicitar una medida de coerción.

El jurista señaló que una persona representada por un defensor público puede recibir una asistencia tan efectiva como quien contrata un abogado privado. A su juicio, la calidad de esa representación depende de la preparación, experiencia, independencia y diligencia del profesional, no de los honorarios que cobre.

Por su parte, el constitucionalista Cirilo de Jesús Guzmán López consideró que la Defensa Pública constituye una vía para que las personas sin recursos económicos puedan ejercer su derecho de defensa.

Sin embargo, advirtió que una representación inadecuada puede afectar el resultado de un proceso, incluso cuando existen elementos para sostener la defensa del imputado.

Guzmán López sostuvo que el Estado no solo debe proporcionar un abogado, sino garantizar que esté preparado para asumir esa responsabilidad.

También señaló que uno de los desafíos es educar a los ciudadanos sobre sus derechos y los mecanismos disponibles para ejercerlos ante los tribunales.

La salida de Najayo

Para Juana Disla, acudir a la Defensa Pública significó contar finalmente con una abogada que pudiera asumir el proceso de su sobrino sin que la familia tuviera que pagar honorarios.

La defensora estudió el expediente, orientó a los familiares sobre los documentos que necesitaban y acudió al tribunal para solicitar la revisión de la medida de coerción.

El joven salió de la cárcel de Najayo después de aproximadamente un mes de representación de la Defensa Pública.

Su salida de prisión no significó, sin embargo, el final del proceso. El sobrino de Juana continúa sujeto a una medida de coerción y deberá responder ante los tribunales mientras se conoce su caso.

La familia, que inicialmente había recibido una solicitud de 100,000 pesos para contratar un abogado y luego otra de 50,000, no tuvo que pagar por la asistencia recibida.

“En ningún momento pagamos un solo centavo, en ningún momento se nos pidió ni siquiera para la fotocopia de un documento”, relató Disla.

Durante ese proceso, la ciudadana también pudo observar las dificultades que enfrentan los defensores públicos para atender la cantidad de expedientes que reciben.

“Ellos tienen una sobrecarga laboral muy grande. Llevan demasiados expedientes, no tienen descanso”, expresó.

Por eso, considera necesario que la institución disponga de más abogados para atender a las familias que buscan asistencia.

“Me gustaría que tuviesen más personas”, manifestó.

Aunque el proceso judicial de su sobrino sigue abierto, Juana Disla destaca que la familia encontró en la Defensa Pública una alternativa para garantizar su representación legal cuando los costos de contratar a un abogado particular estaban fuera de su alcance.