El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que, entre 2020 y octubre de 2026, se han registrado 1,152 muertes durante intervenciones de la Policía Nacional, en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales, situación que atribuyó al fracaso de la política de seguridad ciudadana implementada por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP, durante una rueda de prensa en la que cuestionó el incremento de los fallecimientos y la aplicación de la política de “mano dura” contra la delincuencia.
“Durante seis años, el Gobierno del PRM ha repetido que la delincuencia ha disminuido. Lo ha dicho en informes, en ruedas de prensa y en campañas publicitarias. Sin embargo, hoy opta por la mano dura contra la delincuencia. Si todo estaba mejorando, ¿por qué ahora mano dura?”, cuestionó Reynoso, quien sostuvo que el miedo y la inseguridad continúan afectando la vida cotidiana de los dominicanos.
De acuerdo con los registros de la organización política, durante las intervenciones policiales se contabilizaron 76 muertes en 2021; 139 en 2022; 226 en 2024 y 214 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende aproximadamente a 236 fallecimientos.
Reynoso vinculó estas cifras con la política de mano dura, asociada al denominado código 1.29, que calificó como una “cortina de humo” para desviar la atención de los resultados de los planes gubernamentales de seguridad ciudadana.
La dirigente recordó que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, por lo que advirtió que “ninguna institución del Estado tiene autoridad para condenar a muerte a un ciudadano”.
No obstante, aclaró que la organización reconoce el derecho de los agentes policiales a defenderse ante situaciones que pongan en peligro sus vidas o las de otras personas. “La Fuerza del Pueblo reconoce el derecho de nuestros policías a proteger sus vidas y las de los ciudadanos frente a amenazas reales”, expresó.
“Lo que rechazamos es que la fuerza letal se utilice al margen de los principios de legalidad, proporcionalidad y el debido proceso”, precisó Reynoso, al reclamar investigaciones sobre los fallecimientos ocurridos durante las actuaciones policiales.
Asimismo, sostuvo que los agentes necesitan capacitación, equipamiento, protocolos claros y respaldo institucional para desempeñar sus funciones dentro del marco legal.
FP cuestiona estadísticas oficiales de homicidios
En otro orden, Reynoso puso en duda las estadísticas oficiales de homicidios al señalar que, mientras el Gobierno presenta una tasa de 7.36 por cada 100,000 habitantes, los cálculos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP arrojan una estimación anualizada de 11.8.
Según la dirigente, las autoridades excluyen de sus indicadores las muertes ocurridas durante intercambios de disparos, las víctimas extranjeras y los homicidios clasificados como indeterminados, lo que, a su juicio, impide establecer la dimensión real de la violencia en el país.
También indicó que la propia Policía Nacional reconoció la existencia de 53,877 órdenes de arresto pendientes, entre ellas 17,635 por violencia intrafamiliar, 11,587 por robos, 4,018 por agresiones sexuales y 2,681 por homicidios.
Reynoso cuestionó que esta situación persista después de más de 110 reuniones de seguimiento a la seguridad ciudadana y advirtió sobre la vulnerabilidad de las víctimas, especialmente las mujeres. En ese sentido, afirmó que los registros de la Fuerza del Pueblo contabilizan más de 416 feminicidios entre 2020 y 2026.
Precisó que los feminicidios íntimos, cometidos por parejas o exparejas, pasaron de 50 el año pasado a más de 70 en lo que va de 2026, según datos de la Fundación Vida sin Violencia. Agregó que estos hechos han dejado más de 103 huérfanos. “¿Cuántas de esas muertes pudieron haberse evitado mediante una intervención oportuna?”, cuestionó.
Exige rendición de cuentas sobre planes de seguridad
La representante de la FP exigió al Gobierno rendir cuentas sobre los recursos invertidos en más de siete planes de seguridad ciudadana anunciados durante los últimos seis años.
Señaló que, en ese período, han pasado cinco directores por la Policía Nacional, dos ministros de Interior y Policía y tres asesores y comisionados internacionales, sin que, según afirmó, las autoridades hayan cumplido su promesa de reducir en un 50 % la tasa de homicidios.
Reynoso reiteró el respaldo de la Fuerza del Pueblo a la propuesta de diálogo nacional formulada por el presidente de esa organización, Leonel Fernández, con el propósito de construir una estrategia de seguridad basada en la prevención, la investigación criminal, la tecnología, la coordinación institucional y el respeto a los derechos fundamentales.
“Después de seis años, el Gobierno debe presentar resultados verificables, explicar sus decisiones y asumir las responsabilidades que le corresponden. ¡Basta de improvisación! El país necesita prevención, justicia y resultados”, concluyó.
Durante la rueda de prensa, Reynoso estuvo acompañada por el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, José David Báez; el diputado y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Tobías Crespo; la titular de la Secretaría de Seguridad Social, Yadira Peña; el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias, Wilkin Moreno, así como otros dirigentes de la organización política.
