La reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada este lunes por el presidente Luis Abinader, concluyó sin respuestas sobre las municiones de origen dominicano identificadas en poder de bandas armadas haitianas, un caso que ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de control de los arsenales oficiales.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó el balance de seguridad, pero no permitió preguntas de los periodistas. La comparecencia se limitó a los asuntos relacionados con la transformación de la Policía Nacional, sin espacio para abordar el caso de las municiones ni otros temas de interés público.
Entre las ausencias en la rueda de prensa destacó la del comandante general del Ejército, mayor general Jimmy Arias Grullón, quien, desde que se dio a conocer el caso, no ha participado en las comparecencias ante los medios, como era habitual en representación de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, participó en la sesión de trabajo, pero no formó parte de la delegación que compareció ante los periodistas. Tampoco se presentó otro representante de las Fuerzas Armadas.
Estas ausencias se producen después del viaje a Washington del canciller Víctor (Ito) Bisonó, el ministro de Defensa y el comandante general del Ejército, quienes fueron invitados por el Departamento de Estado de Estados Unidos a participar en un encuentro cuyos motivos específicos y agenda no se dieron a conocer públicamente.
Municiones bajo investigación
El caso cobró relevancia tras la publicación de un informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití.
De una muestra de 89 cartuchos de calibre 5.56 milímetros recuperados de la banda 400 Mawozo, 25 tenían las siglas del Ejército dominicano y otros 16 presentaban marcas compatibles con municiones vinculadas a las existencias de la Policía Nacional.
El documento también recoge la detención, en diciembre de 2025, de un oficial del Ejército y un ciudadano haitiano en San Juan de la Maguana, cuando transportaban 1,516 cartuchos.
Ante estos hallazgos, el Ministerio de Defensa sostuvo que la coincidencia de calibres, marcas o características no demuestra por sí sola una transferencia autorizada. La institución informó que coordinaba con la Cancillería la respuesta correspondiente ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
