El incidente en el que la diputada Millys Martínez fue esposada por agentes de la Policía Nacional durante las fiestas patronales de Elías Piña dejó de ser, para varios legisladores, un asunto que afecta únicamente a la representante y se convirtió en un reclamo por respeto al Congreso.
El planteamiento fue expuesto por algunos diputados que sostienen que la actuación policial cuestionada tiene implicaciones que van más allá de la legisladora y alcanzan al Congreso Nacional como órgano y al orden institucional.
Amado Díaz, vocero del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, consideró que lo sucedido no debe verse solamente como una ofensa a Martínez, sino también como un asunto que compromete al Poder Legislativa y a la Constitución.
Por esa razón, planteó que la investigación no quede exclusivamente en manos de la propia Policía.
- “No vamos a permitir que un policía investigue a un policía”, expresó, al pedir la intervención del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del procedimiento.
El legislador indicó que posiblemente se prepare la visita de miembros de la Cámara de Diputados a Elías Piña para indagar sobre lo ocurrido.
Reacción de los legisladores
La preocupación por el alcance institucional del caso también fue expresada por el diputado Eugenio Cedeño, del PRM, quien cuestionó el comportamiento de los agentes durante las fiestas patronales y sostuvo que la falta de respeto a una legisladora representa también un golpe al Congreso como poder del Estado.
En ese orden, Cedeño llamó al presidente Luis Abinader a exigir a sus subordinados respeto hacia el Congreso y sus integrantes.
Otros legisladores también reclamaron una respuesta de las autoridades. Luis Castillo pidió al mandatario y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, que intervengan ante el comportamiento de los agentes, mientras Gustavo Sánchez calificó el episodio como una vulneración de las garantías constitucionales y cuestionó que no se hayan exigido explicaciones a los responsables.
Sánchez advirtió, además, que dejar una actuación de esa naturaleza sin consecuencias podría abrir la puerta a que situaciones similares se repitan.
Aclaró que su reclamo no busca privilegios para los legisladores, sino el respeto a las garantías establecidas en la Constitución.
Por su parte, Charlie Mariotti consideró que el Ministerio Público debe investigar el caso a partir del reclamo institucional y manifestó su solidaridad con Martínez.
La investigación pendiente
El artículo 86 de la Constitución establece garantías de inmunidad para los legisladores, incluida la protección frente a la privación de libertad durante las sesiones legislativas, salvo en caso de flagrante delito y bajo las condiciones constitucionales correspondientes.
Los diputados que se pronunciaron sostienen que la actuación contra Martínez debe examinarse a la luz de la Constitución.
