Segundo caso en San Cristóbal
Horas después se produjo otro hecho similar en el sector El Peñal, Canastica, provincia San Cristóbal.
La Policía identificó al fallecido como Edgar Yomerbi Pinales, conocido como “El Jefe”.
La institución lo señala como supuesto cabecilla de una banda dedicada al despojo de motocicletas a mano armada en la autopista 6 de Noviembre y sectores cercanos.
Pinales era buscado mediante la orden de arresto número 01541-2026-AJOR-03387 por presuntas violaciones a los artículos 379 y 382 del Código Penal.
Según la Policía, también estaba vinculado con varios robos de motocicletas registrados durante septiembre.
La versión oficial indica que, al ser localizado por integrantes de la Subdirección Regional de Investigación, Pinales habría disparado contra los agentes.
Los policías respondieron y el hombre resultó herido.
Fue llevado al Hospital Regional Docente Doctor Juan Pablo Pina, donde murió posteriormente.
En el lugar, la Policía informó que ocupó una pistola Ruger calibre nueve milímetros con numeración ilegible y una motocicleta Jincheng 100.
Las evidencias fueron remitidas a la Policía Científica para su análisis.
Septiembre dejó al menos 49 muertes
Las dos muertes ocurren después de un septiembre particularmente activo en este tipo de actuaciones.
El 29 de septiembre, Diario Libre contabilizaba al menos 49 personas fallecidas durante el mes en hechos descritos por la Policía como enfrentamientos con sus agentes.
Dos días antes, un recuento de este medio establecía que 37 personas habían muerto durante septiembre, pero la cifra aumentó rápidamente con nuevos casos reportados durante los días siguientes.
Solo entre el 18 y el 25 de septiembre se habían contabilizado 23 fallecidos.
Santo Domingo encabezaba entonces las provincias con mayor cantidad de casos.
Las cifras se insertan en una tendencia que Diario Libre ha seguido durante todo el año. Para el primer semestre del año habían sido documentadas al menos 146 muertes en alegados enfrentamientos con agentes.
Los datos oficiales disponibles al 26 de junio registraban 142 fallecidos bajo la categoría de “acción legal”, mientras cuatro muertes adicionales reportadas al día siguiente elevaron el registro periodístico a 146.
Ese número representaba para entonces un aumento frente al mismo período del año anterior.
Las advertencias del Gobierno
Los operativos policiales también coinciden con un endurecimiento reciente del discurso oficial frente a personas perseguidas por la justicia.
El presidente Luis Abinader declaró el 21 de septiembre, al referirse a los responsables del ataque en el que murió la esposa del merenguero Julián Oro Duro, que debían entregarse.
“Que se entreguen. Que les demos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor”, afirmó el mandatario.
Posteriormente, el director de la Policía, mayor general Ernesto Rodríguez García, anunció que la institución intensificaría la búsqueda de personas identificadas como reincidentes y requeridas por la justicia.
Ese discurso ha coincidido con un aumento de las intervenciones policiales reportadas como enfrentamientos.
Sin embargo, Faride Raful rechazó el 30 de septiembre que exista desde el Gobierno una política destinada a dar muerte a personas perseguidas.
La funcionaria sostuvo que la actuación policial debe sujetarse a los protocolos de uso de la fuerza y a los principios de la reforma institucional.
Las circunstancias específicas de las muertes de Ventura García y Pinales corresponden, hasta el momento, a la versión ofrecida por la Policía Nacional.
La institución informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de ambos hechos.
