El abogado de Héctor Antonio Lora Cruceta, principal imputado en el caso Onco14, anunció que recurrirá en apelación la decisión de mantenerlo en prisión preventiva, luego de que un tribunal rechazara la solicitud de variación de la medida durante la revisión obligatoria.
Pantaleón Mieses, representante legal del imputado, explicó que la defensa había solicitado que la prisión preventiva fuera sustituida por arresto domiciliario y la colocación de un grillete electrónico.
El jurista indicó que esperarán la resolución íntegra de la decisión para presentar el recurso de apelación, al considerar que su defendido reúne las condiciones para cumplir una medida menos gravosa.
Defensa y apelación
Mieses señaló que durante la audiencia la defensa depositó documentos para sustentar que Lora Cruceta cuenta con arraigo suficiente y que no existe peligro de fuga.
Entre las pruebas presentadas citó la comprobación de su domicilio, su título como ingeniero, un título de propiedad que, según dijo, puede ser presentado como garantía ante el Ministerio Público, así como una certificación que establece que el inmueble no tiene gravámenes y sus documentos personales.
El abogado también argumentó que otros imputados del mismo proceso han sido favorecidos con medidas distintas a la prisión preventiva y han cumplido con las condiciones impuestas por los tribunales.
Investigación y acusaciones
El caso, denominado Onco14, está relacionado con una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y fondos vinculados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Según el órgano acusador, la presunta estructura habría desviado RD$148,660,116 del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao entre 2018 y 2025.
Asimismo, las autoridades investigan el manejo de aproximadamente RD$3,700 millones provenientes de SeNaSa, como parte de las pesquisas que dieron origen al proceso judicial.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían sustraído fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
