La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó las medidas de coerción impuestas a los implicados en el proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la revisión obligatoria de la medida de coerción de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, el tribunal decidió mantener la prisión preventiva en su contra.
Mientras que Luisa Yasiris Guzmán de Lora, esposa de Lora Cruceta, también continuará bajo prisión preventiva.
- En tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y quien ocupó funciones de vicepresidenta y auditora interna y externa del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, mantiene la prisión domiciliaria que le fue impuesta desde el inicio del proceso.
Defensa de exdirector pedía arresto domiciliario
Héctor Antonio Lora Cruceta es señalado por el Ministerio Público como el principal imputado en el proceso. Su defensa había solicitado sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, con la colocación de un grillete electrónico.
Pantaleón Mieses, representante legal de Lora Cruceta, informó que durante la audiencia presentó documentos para sustentar que su cliente cuenta con arraigo suficiente para cumplir una medida menos gravosa.
Entre los documentos depositados figuran la comprobación de su domicilio, títulos profesionales como ingeniero, un título de propiedad sin gravámenes y sus documentos personales.
El abogado sostuvo que estos elementos, a su juicio, demuestran que Lora Cruceta no representa peligro de fuga.
Investigación Onco14
El proceso, conocido como Onco14, está relacionado con una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao y fondos vinculados a Senasa.
Según el órgano acusador, la presunta estructura de corrupción habría desviado 148,660,116 pesos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) entre 2018 y 2025.
De igual manera, las autoridades investigan el manejo de unos 3,700 millones de pesos provenientes de Senasa.
