Mientras el Ministerio Público continúa con los interrogatorios a los detenidos de la operación Cobra 2.0, el abogado Ramón Almarante explicó cómo su clienta fue presuntamente “utilizada en su buena fe” en algunas de las autorizaciones médicas vinculadas al fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El representante de la cirujana general Laura Santana sostuvo que la médica habría sido engañada para facilitar “su código para hacer unas reclamaciones”. Afirmó que fue contactada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, uno de los principales imputados en el desfalco al Senasa, señalado por supuestamente coordinar y ejecutar las maniobras fraudulentas de la estructura criminal.
“Ángel se le acercó y le hizo una propuesta alegando la existencia de un médico que estaba enfermo y que necesitaba la colaboración de otros médicos que le facilitaran su código para hacer unas reclamaciones”.
De forma preliminar, Almarante indicó que las autoridades atribuyen a su defendida la realización de operaciones o procedimientos médicos que supuestamente no estaban autorizados.
“Hasta ahora nuestra representada ha sido honesta. Ha dicho la situación correcta que ocurrió y por qué ya se ha visto involucrada en esto”, manifestó.
El abogado señaló, además, que las personas que presuntamente promovían el mecanismo se acercaban a los médicos con propuestas para realizar determinados trabajos y, posteriormente, gestionaban las reclamaciones. Afirmó que se trataba de decisiones superiores, por lo que los doctores no podían negarse.
Almarante indicó que la defensa está preparada para el conocimiento de la medida de coerción y que ha conversado sobre el proceso con representantes del Ministerio Público.
Interrogatorios en curso
Desde aproximadamente el mediodía, entre 13 y 15 de los detenidos por el Ministerio Público en la operación Cobra 2.0 son interrogados en la sede de la Procuraduría General de la República.
Estas entrevistas han tenido una duración aproximada de entre 20 y 25 minutos en la mayoría de los casos.
En la sede del órgano de persecución se observan familiares que esperan conocer la situación de sus parientes.
Algunos abogados consultados por Diario Libre han asegurado que el proceso transcurre con normalidad y forma parte de las investigaciones que debe desarrollar el Ministerio Público en torno al caso.
Las autoridades han informado que se trata de aproximadamente 28 detenidos en los operativos que comenzaron en la madrugada del viernes. El Ministerio Público tiene alrededor de 48 horas para depositar la solicitud de medida de coerción, conforme al derecho penal dominicano.
