En los últimos seis años, diez jueces han sido destituidos por faltas graves en sus funciones en juicios disciplinarios y sus expedientes, según el Poder Judicial, han sido remitidos al Ministerio Público. Sin embargo, ninguno de esos magistrados ha sido sometido a un proceso penal.
Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, expresó su frustración por el hecho de que no haya habido una respuesta del órgano persecutor, que es al que le corresponde iniciar un proceso en los tribunales ordinarios contra los magistrados luego de notificársele las decisiones de las desvinculaciones.
Explicó que los juicios disciplinarios del Consejo del Poder Judicial «pueden tener elementos penales», los cuales deberían motivar una investigación por parte del Ministerio Público.
Los jueces destituidos por faltas graves
Los diez jueces destituidos en los últimos seis años son Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, presidente y miembro, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.
También Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Yohan Carlos Morales Peguero, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia; Gregorio Antonio Rivas Espaillat, de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y Juan Miguel Pérez Gómez, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Valverde Mao.
Los otros tres magistrados destituidos son Robert E. Disla de León, juez de paz de Oviedo, en funciones de juez de la Instrucción de Pedernales; Franciso Rodríguez Consoró, del Noveno Juzgado de la Instrucción adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y Modesto Amarante Peña.
Entre las acusaciones graves que enfrentaron en el juicio disciplinario se incluye haber hechos negocios con acusados de narcotráfico.
Que haya consecuencias con quien lo hizo mal
El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, entiende que tal vez el Ministerio Público “no encontró suficientes pruebas” en los expedientes de los jueces destituidos del Poder Judicial y dijo no cuestionar a los fiscales.
No obstante, afirmó que la mayoría de los miembros de la judicatura son personas honestas, comprometidas y trabajadoras.
- “Créanme que en esto no estoy siendo complaciente ni nada, hay tanta gente buena en el Poder Judicial. Ustedes no se imaginan. Gente comprometida, trabajadora. Hay una mística enorme”, aseveró.
Molina habló en su despacho de la SCJ durante un encuentro el pasado miércoles con periodistas que cubren la fuente judicial.
La práctica de intervenir teléfonos es del pasado
Molina garantizó que en su gestión como presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial nunca ha permitido que se intervinieran los teléfonos de los jueces.
“Eso que lo haga el Ministerio Público con una orden de un juez. Porque por una sanción disciplinaria no hay derecho a intervenir un teléfono. Puede haber un registro de llamadas, eso sí; pero no intervenir el teléfono a la persona”, dijo
