La República Dominicana ganó un arbitraje internacional que involucraba reclamaciones por más de 100 millones de dólares, surgidas tras la terminación de un contrato para la gestión y recolección de residuos sólidos en el municipio Santo Domingo Este.
El Tribunal Arbitral rechazó en su totalidad las reclamaciones presentadas por el empresario francés Yves Martine Garnier, propietario de EGTT Dominicana, empresa que tenía a su cargo el servicio de recolección de basura en virtud de un contrato de concesión con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
El fallo evita que el Estado dominicano tenga que pagar la indemnización reclamada por el empresario francés y pone fin a una disputa internacional iniciada hace casi cinco años.
La decisión fue emitida el 19 de agosto de 2026 y estableció que la terminación del contrato se realizó conforme al derecho dominicano, debido a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana en la prestación del servicio.
El tribunal también consideró que los hechos planteados por el empresario no eran suficientes para demostrar que el Estado dominicano había violado las obligaciones asumidas en el acuerdo de protección de inversiones firmado con Francia en 1999.
Una reclamación millonaria
El proceso arbitral comenzó el 4 de octubre de 2021 y fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso número 2022-01.
Garnier reclamaba al Estado dominicano más de 100 millones de dólares, una suma que supera los 5,882 millones de pesos, calculada a la tasa de cambio actual.
El conflicto se originó con la terminación del contrato de concesión suscrito entre EGTT Dominicana y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para la gestión y recolección de residuos sólidos.
El tribunal avaló la terminación del contrato
Uno de los principales puntos de la decisión fue la conclusión de que el Ayuntamiento tenía fundamentos para terminar el contrato debido a problemas relacionados con la prestación del servicio.
El tribunal, además, determinó que esas circunstancias no constituían una violación de las obligaciones internacionales de República Dominicana frente al inversionista francés.
La defensa del Estado estuvo coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Posteriormente se incorporó el Ministerio de Justicia, que asumió la representación del Estado dominicano en los arbitrajes de inversión tras la entrada en vigor de la Ley 80-25, órganica del Ministerio de Justicia.
El país contó con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, a través de su oficina en Washington, D.C.
¿Qué significa la decisión?
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, sostuvo que la defensa del Estado busca proteger los recursos públicos y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país frente a los inversionistas extranjeros.
La decisión se produce en el marco de otros procesos de arbitraje internacional en los que República Dominicana ha tenido que defender sus actuaciones frente a inversionistas extranjeros.
