Bulevar turístico La Otra Banda carece de permisos necesarios

A pesar de que en la mañana de este viernes fue celebrada la ceremonia del primer picazo para la construcción del bulevar La Otra Banda–Autovía del Coral, esta obra todavía no cuenta con los permisos correspondientes de los ministerios de Obras Públicas ni de Medio Ambiente.

Así lo confirmó a Bávaro News el director provincial de esa entidad en La Altagracia, Arismendy Lorenzo.

El funcionario advirtió que, hasta el momento, no se ha emitido autorización ni desde el Ministerio de Medio Ambiente ni desde el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para el inicio formal de los trabajos, por lo que cualquier intervención en la zona carece de respaldo legal.

Impacto ambiental y reacciones oficiales

Lorenzo reiteró que esta obra impacta directamente la zona de amortiguamiento del área protegida de Hoyo Claro, lo que obliga a cumplir con un proceso riguroso de evaluación ambiental antes de ejecutar cualquier acción.

“Necesitan permisos para realizar esa vía en la zona de amortiguamiento del área protegida de Hoyo Claro”, precisó Lorenzo.

Esta advertencia no es nueva. Hace apenas una semana, Medio Ambiente ya había señalado públicamente que el trazado del proyecto se encuentra dentro de un área bajo protección ambiental, lo que implica restricciones claras y la necesidad de estudios técnicos que determinen su viabilidad.

A pesar de estas observaciones, el acto protocolar fue realizado con la presencia de autoridades locales, líderes empresariales y representantes de distintos sectores, encabezado por el director del distrito municipal de La Otra Banda, Alexander Rodríguez Castillo, quien ha impulsado la iniciativa como una obra clave para mejorar la conectividad entre esa comunidad y la Autovía del Coral.

Rodríguez Castillo defendió el proyecto como un paso decisivo hacia el desarrollo de la zona, destacando su impacto en la movilidad hacia Verón, Bávaro y otros puntos turísticos del Este.

No obstante, la falta de permisos plantea serias interrogantes sobre la legalidad del proceso y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, especialmente al tratarse de un área vinculada a la protección de recursos naturales sensibles.

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