A solo un año para concluir el periodo del actual defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se produjeron tres renuncias de funcionarios clave en esa institución, mientras que otros dos fueron desvinculados.
Los destituidos son el director ejecutivo, Frank Olivares, y el director administrativo y financiero, Yván Rosario. Según Ulloa, estas salidas obedecen a «ajustes» organizacionales dentro de la entidad, cuya función constitucional es garantizar y hacer valer los derechos de los ciudadanos ante los organismos del Estado.
Los que renunciaron son: el director de Planificación, Víctor Sánchez Jáquez; la directora de Recursos Humanos, Natalia Cordero Andújar; y el de Comunicaciones, Gustavo Marcelino.
Los que dimitieron, según Ulloa, lo hicieron por razones personales. Aseguró también que “no hay nuevos” porque los que sustituyen a los renunciantes y desvinculados corresponden a promociones internas.
Los que fueron ascendidos son la abogada y comunicadora Mildred Charlot, como directora de Recursos Humanos, junto a la directora Administrativa, Patricia Díaz, y Virginia Frías, como directora ejecutiva en el mes de julio.
En septiembre se seleccionará al director de Planificación y Comunicación, agregó el defensor del Pueblo, quien garantizó “eficiencia” y “productividad” en lo que resta de su gestión.
Dentro de las funciones esenciales del Defensor del Pueblo que le asigna la Constitución, está “salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares”.
Las metas de Ulloa
Destacó que dentro de su visión “es lograr 70 por ciento de los puestos directivos ocupados por mujeres”.
Ulloa fue elegido como Defensor del Pueblo en junio del 2021 por un periodo de seis años.
El artículo 190 de la Constitución otorga autonomía administrativa y presupuestaria al Defensor del Pueblo. Su titular y sus adjuntos son nombrados por el Senado por un período de seis años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados. Deben permanecer en el cargo hasta que sean sustituidos.
