La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, una iniciativa propuesta por el diputado José Manuel Caraballo Gómez.
El eje principal del proyecto se concentra en el artículo 15, que establece que los beneficiarios de becas internacionales tienen la obligación legal de retornar a la República Dominicana al término de sus estudios y prestar sus servicios profesionales en el territorio nacional por un período mínimo de dos a cinco años.
De acuerdo con el mismo artículo, el incumplimiento de esta condición conllevará la obligación de devolver los fondos otorgados para la beca y enfrentar cualquier proceso civil o penal.
La propuesta de ley, que aún deberá superar otras fases en la Cámara de Diputados, aclara que esta disposición «no constituye una restricción de derechos fundamentales, sino una condición vinculada al principio de reciprocidad social y a la función pública de la educación».
Infracciones
Asimismo, el proyecto introduce un estricto régimen de consecuencias legales en su artículo 20 para evitar irregularidades en el sistema.
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El documento califica como infracciones muy graves la presentación de documentos falsos o adulterados para obtener una beca, la manipulación de registros y el uso fraudulento o desvío total de los recursos asignados.
Estas acciones se penalizarán con la cancelación definitiva del beneficio, la devolución total de los fondos percibidos, la inhabilitación para postularse por un periodo de hasta diez años y la remisión del caso al Ministerio Público para la determinación de responsabilidades penales.
En este mismo capítulo de las sanciones se penaliza a los funcionarios que incurran en tráfico de influencias, favoritismo o asignación irregular de becas, quienes enfrentarán la destitución de sus cargos e inhabilitación, además de las sanciones contempladas en las leyes de función pública, compras y contrataciones públicas y lavado de activos.
Estudiantes rurales
En el ámbito de la inclusión y la equidad social, el artículo 14 dispone que un porcentaje mínimo de las becas anuales beneficie de manera directa a estudiantes de zonas rurales, de territorios con mayor rezago social y a dominicanos en el exterior.
El grado de cumplimiento de esta meta deberá ser publicado de manera oficial antes del 31 de marzo de cada año.
Para garantizar la transparencia, los artículos 4 y 12 contemplan la creación del Portal Único de Becas (PUBE). En esta plataforma digital de acceso público se centralizarán obligatoriamente todas las convocatorias, requisitos y resultados.
Además, el Consejo Nacional de Becas (Conabe) deberá publicar anualmente un informe detallado que incluya las adjudicaciones, los montos otorgados, las regiones beneficiadas para medir el impacto de la inversión estatal.
El financiamiento del sistema se estructurará a través de asignaciones presupuestarias estatales, aportes privados, donaciones, cooperación internacional y la creación de un fideicomiso público denominado Fondo Nacional de Becas, cuyos recursos no podrán ser desviados para fines distintos, según lo establecido en el artículo 16.
Además, el artículo siete faculta al Conabe a elaborar cada cinco años un informe nacional de necesidades laborales y formativas, que servirá como base técnica obligatoria para que la oferta de becas priorice las áreas de estudio estratégicas para el mercado de trabajo del país.
A segunda discusión
El proyecto debe ahora pasar por una aprobación en segunda lectura y luego ser remitido al Senado para el mismo trámite congresual.
