Al reflexionar sobre los criterios judiciales que se han adoptado en la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Fran Soto Sánchez realizó una dura crítica al pensamiento que subyace en los casos de violencia de género en el país.
“Si el hombre entiende que la mujer no debe salir de su casa y que tiene que pedirle permiso; que el hombre tiene que supervisarla; corregir por donde camina o no camina; ¿Qué es eso? Es violencia de género”, manifestó.
Soto Sánchez explicó que, en las situaciones en las que la víctima mantiene alguna relación sentimental con su victimario, pero este la violenta y, por ejemplo, la persigue por la calle o le coarta la realización de otras acciones, se debe considerar el componente de género como elemento de discriminación para llegar a decisiones más adecuadas.
“Lo está haciendo porque la mujer es un objeto que él puede manejar a su antojo”, agregó.
Discusión jurídica
La discusión jurídica al respecto radica en que, cuando la víctima mantiene una relación con la persona que la agrede, el hecho podría tipificarse como violencia de género, aunque las penas son prácticamente las mismas en el antiguo Código Penal.
El magistrado es ponente de una de las sentencias recientes (SCJ-SS-23-1142) que ha utilizado la Segunda Sala o Sala Penal de la SCJ para diferenciar la violencia de género de la violencia intrafamiliar.
En esta sentencia se establece que la violencia de género se distingue por su carácter discriminatorio basado en el género y por la existencia de una relación de poder asimétrica, diferenciándola del ámbito estrictamente doméstico o de parentesco que caracteriza a la violencia intrafamiliar.
Más acuerdos
En su evaluación para ser ratificado para su posición en la SCJ ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el togado indicó que fortalecimiento de la investigación criminal contribuirá a aumentar los acuerdos y los procedimientos penales abreviados, lo que ayudará a reducir la litigiosidad y hacer más eficiente la justicia penal.
Consideró que el reto no corresponde únicamente al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial, que debe continuar concientizando a los jueces sobre los mecanismos establecidos en la legislación para promover acuerdos durante los procesos.
